Leandro Villalba Baruja, director de Auditoría Forense de la Contraloría, informó al canal GEN que presentaron un reporte de indicio de hecho punible de la anterior Dirección Nacional de Aduanas, que actualmente está fusionada con Tributación. Lo reportado al Ministerio Público corresponde al ejercicio fiscal 2022 y son tres los principales hechos punibles que totalizan un posible perjuicio patrimonial de 64 mil millones de guaraníes aproximadamente.

Como primer punto irregular citó que el equipo auditor no encontró bienes mobiliarios y computadoras en las oficinas de Aduanas en Ciudad del Este, Villeta y Asunción, por valor de 45 millones de guaraníes. Explicó que si se toma una muestra más grande, podría significar un monto mayor.

En segundo lugar se detectó que Aduanas realizó pagos al personal contratado del Centro Despachante de Aduanas del Paraguay en conceptos de tasas y servicios aduaneros extraordinarios por valor de 52 millones de guaraníes. “Nos estamos refiriendo a un pago de un extra, de una suerte de bonificación, a los trabajadores del Centro de Despachantes de Aduana, que es una institución privada, con fondos públicos. Se preguntó cuál es el fundamento para proceder a este pago y la Aduana mencionó una resolución que dictaminó el pago, pero a juicio del equipo auditor esta resolución se orienta a los funcionarios de la Aduana y no a los trabajadores de una institución privada”, agregó.

El tercer hecho irregular, según subrayó, es la observación más importante y cuantiosa. La misma refiere a la percepción de canon informático por la utilización del sistema Sofía por parte del Centro de Despachantes de Aduanas de Paraguay. “Este sistema informático ya fue donado a la Aduana en el ‘98 y fue protocolizado a su nombre en el 2008. En el ejercicio fiscal 2022 estamos hablando de la percepción de un canon por valor de 64 mil millones de guaraníes”, detalló.

Sobre este punto, el encargado de la Contraloría aclaró que si bien un decreto establecía que se podía dar la transferencia del canon al Centro de Despachantes, hizo la salvedad de que este desembolso se podía realizar hasta que Aduanas tenga íntegramente la titularidad del sistema Sofía, lo cual ocurrió en el año 1998.

“A juicio de la auditoría, no podría el Centro de Despachantes de Aduanas seguir percibiendo lo que corresponde a canon debido a que ya no existe una base jurídica para hacerlo. En su descargo, la Dirección Nacional de Aduanas señaló que ese decreto le autoriza hacerlo en sus artículos 1 y 2. Sin embargo, el artículo 3 marca un límite para la percepción de ese canon y luego de eso Aduanas debió contar e integrar en su presupuesto íntegramente esos recursos que son recursos públicos y le pertenecen a todos los paraguayos”, esgrimió.

Como no existe a juicio del equipo auditor una base legal sobre la cual seguir realizando la transferencia a una institución privada, se podría estar ante un hecho que amerite la investigación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia, de acuerdo con el entrevistado.

“La Dirección Nacional de Aduanas antes de la fusión 1.000 funcionarios aproximadamente en todo el país y el Centro Despachante de Aduanas tiene 437, y aparentemente ese Centro de Despachantes colabora activamente en las tareas y funciones de la Dirección Nacional de Aduanas a través de donaciones en los convenios. Se entiende que trabajen juntos porque están vinculados, pero la titularidad de estos fondos debe ir a Aduanas porque son recursos públicos”, finalizó.

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Con la implementación del Sistema de Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA) la entidad pública registró un importante aumento en sus recaudaciones. Durante la era de Mario Abdo Benítez esta plata se destinaba a una “caja chica” al no estar bajo ningún control.

El 14 de agosto, un día antes de concretarse el traspaso de mando de Mario Abdo Benítez al nuevo presidente Santiago Peña, el entonces titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, contestó un pedido de informe remitido por la Cámara de Senadores ante la sospecha que existía por los malos manejos en su administración.

El requerimiento aprobado en el Congreso, que fue planteado por el senador Colyn Soroka, solicitaba detallar cuál es el ingreso de la institución por el cobro del canon SOFIA entre los meses de diciembre del 2022 a junio del 2023, cuál es la dependencia que lo administra, cuál es el destino que se da al mismo y de ese dinero cuánto se direcciona hacia la lucha y prevención del delito de contrabando, entre otros puntos.

En su contestación, a un día de dejar el cargo, Fernández refirió que la recaudación promedio mensual del Sistema de Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA) es alrededor de G 5.400 millones, el cual representa el 0,5% del total de la recaudación mensual. De diciembre del 2022 hasta junio del 2023, la recaudación total fue de casi G. 38.000 millones, según el documento remitido.

Además la entonces autoridad contestó que la dependencia responsable de administrar ese fondo es el Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP), el cual se encarga del destino de los pagos e inversiones de los ingresos, pero haciendo la salvedad de que primeramente es la Comisión de Seguimiento, conformada por la Aduanas y el Centro de Despachantes, la que decide dar su aval para la utilización de este dinero.

En su respuesta, el extitular de Aduanas reconoció que no podía detallar cuál era el porcentaje del cobro del canon SOFIA que se destinaba a la lucha y prevención de delitos de contrabando y otras infracciones aduaneras, ya que –según mencionó- se van priorizando las necesidades tecnológicas como cámaras de circuito cerrado, reparaciones, mantenimiento, equipos informáticos, insumos, entre otros.

UNA CAJA CHICA EN ADUANAS

Lo que Julio Fernández no mencionó al Congreso es que la recaudación bajo la figura de SOFIA se usa aparentemente de manera discrecional, porque que al no auditarse la utilización de esta plata, se convierte en una verdadera caja chica del titular de Aduanas, ya que puede hacer uso a su gusto de estos millonarios ingresos a las arcas del Estado paraguayo. Supuestamente, según trascendió desde la propia institución, con la recaudación se pagarían auspicios en medios de comunicación, fiestas, compra de equipamiento de oficina y contratos indiscriminados de personal que nada tiene que ver con el sistema informático.

Hay que recordar que en el convenio para la implementación del canon informático se estableció que la recaudación inicial iba a destinarse al principio al pago por la puesta en funcionamiento del sistema SOFIA y una vez saldado el monto adeudado, sería para el mantenimiento e inversión en recursos tecnológicos y humanos, no así de gastar en otras áreas que no fuera del sistema propiamente.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.