Se sigue ampliando la lista de familiares y amigos de altos fun­cionarios de la binacional ubicados entre los finalistas del cuestionado concurso vía Proceso Selectivo Externo (PSE) para contratación de personal en Itaipú Binacio­nal. Ahora aparece el nombre de Fátima Ávalos Aguilera, hermana de la jefa de la Divi­sión de Imagen Institucional, Carolina Ávalos Aguilera, y virtual ganadora como ter­nada para el cargo de “teso­rera júnior”.

Según datos del PSE, para el referido puesto se tiene previsto una remuneración base de G. 14.623.200, lo que atrajo a 184 profesionales que se anotaron con la esperanza de obtener la única vacante disponible.

Entre los requisitos excluyen­tes publicados en el portal del PSE se menciona que los par­ticipantes deben tener como máximo 32 años de edad y ser egresados de carreras como contabilidad, administra­ción de empresas, economía, ingeniería comercial o inge­niería empresarial. Perfil que se ajusta “como anillo al dedo” al de la hermana de la jefa de Imagen Institucional, ya que la joven tiene 31 años y el título en administración de empresas.

Sin embargo, la experiencia de la concursante es un verda­dero misterio, ya que no figura en los registros de la Secre­taría de la Función Pública ni tampoco del Instituto de Previsión Social, otro dato no menor considerando que el cargo al que postula Fátima no requiere experiencia y los requerimientos de la Itaipú son ajustadísimos a su perfil.

Vale remarcar que, según los registros de la binacional, la hermana de la aspirante ter­nada tesorera júnior percibe unos G. 45,4 millones al mes entre sueldo y bonificacio­nes. Con este nivel salarial, las hermanas Ávalos podrían convertirse en el duo de pri­vilegiadas del oro en la bina­cional.

El caso de Fátima Ávalos es uno más de los amaños que trascienden en el cuestionado concurso de contratación de personal de la Itaipú. Nues­tro medio identificó una serie de familiares y allegados a los jefes de la institución entre los finalistas para los 220 puestos promocionados por la bina­cional. Otro de estos afortu­nados concursantes es Mau­ricio Leguizamón, finalista para el cargo de “técnico en seguridad del trabajo” e hijo del jefe del departamento de Seguridad del Trabajo, Ángel Leguizamón.

Así también es finalista Fabricio Coronel García, hijo del defensor general de la hidroeléctrica, Francisco Javier Coronel, cuya depen­dencia a su cargo es una de las involucradas en la entre­vista a los postulantes y que forman parte de la última fase del concurso.

La serie de vínculos denun­ciados, sin embargo, pasa desapercibido para el direc­tor general de Itaipú, Manuel María Cáceres, quien días pasados mencionó a los medios que el concurso no está amañado y se escuda con la participación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción para la selección, sin embargo, son los altos funcionarios de la binacio­nal los que están definiendo la competencia.

El amparo constitucional presentado por el gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) tuvo un freno en la segunda sala Tribunal de Apelaciones en lo Civil de la capital luego de que la jueza María Sol Zuccolillo pidiera permiso el pasado 11 de julio.

El gremio acudió a la justicia mediante un amparo en busca de la suspensión o en su caso la anulación del cuestionado concurso de contratación de personal en Itaipú por presuntamente violar los derechos al trabajo y a la igualdad protegidos por la Constitu­ción, tal como refiere el documento firmado por el abogado Juan Prieto, presidente de AAP.

El amparo había sido rechazado por una supuesta omisión de la personería jurídica del mencionado gremio de profesionales y pasó a la Cámara de Apelaciones. Pero en esta instancia volvió a trancarse por el permiso de uno de los miembros y se espera la designación de un tercer juez. En teoría este trámite lleva un plazo de 6 días hábiles desde la solicitud de permiso de la magistrada, tiempo que se cumple este miércoles.

El proceso de selección para la incorporación de perso­nal para las 220 vacantes promocionadas por la Itaipú está en su etapa final. Son 660 finalistas en fase de entrevistas cuya culmina­ción está prevista este vier­nes 21 de julio.

Celeste Solís Bogado, esposa del exjefe de Gabi­nete de la Presidencia de la República, Julio Ullón, fue doblemente premiada en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) el pasado abril, ya que según documentos oficiales, la funcionaria fue designada como direc­tora de la dirección Téc­nica de Control Interno, esto cuando una semana antes había sido ubicada a cargo del millonario pro­yecto para el “Desarrollo de capacidades de gestión MOPC”.

Hay que recordar que el referido proyecto es ejecu­tado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue firmado en junio del 2019 con un presupuesto inicial de USD 1,1 millones, que fue aumentando durante la pandemia a través de “revi­siones sustantivas” hasta habilitar USD 14 millones.

En el proyecto firmado entre el MOPC y el orga­nismo internacional se con­templan millonarias obras como la construcción de la ruta Naranjal-San Cristó­bal y la avenida Costanera Sur, los cuales quedarán a cargo de la esposa de Julio Ullón, reconocido supercon­tratista del Estado que solo en el MOPC se adjudicó con­tratos por valor de G. 55.590 millones, según registros de Contrataciones Públicas.

El informe señala que los afectados son 4 hombres de entre 17 y 32 años, y una mujer de 19 años.

La mujer fue quien ingresó con un cuadro más complejo ya que sufrió un traumatismo de párpado izquierdo, permanece bajo observación médica.

Al hospital del Trauma también llegaron hinchas heridos con otras armas contundentes tanto afuera como dentro del estadio, donde se produjo el incidente.

Otras 5 personas ingresaron tras ser afectadas por los gases lacrimógenos que la Policía Nacional expulsó para despejar a los hinchas.

La mayoría de los internados presentan traumatismo ocular, otros traumatismo craneoencefálico leve, heridas en el muslo izquierdo, fractura en la rodilla y fractura expuesta en la tibia derecha.

En la reunión de este lunes, la Comisión de Legislación y Codificación tuvo dos dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría.

Por el primero votó el senador Derlis Maidana junto a otros legisladores y dio su parecer al respecto. “Sostuvimos nosotros sobre la necesidad de reglamentar el texto constitucional de que no hay ningún impedimento en la Constitución Nacional para que un senador vitalicio pueda candidatarse a otros cargos y por eso se presenta este proyecto para evitar equívocos”, señaló.

A esto se suma que el artículo de la Constitución Nacional que habla sobre las incompatibilidades para cargos electivos, no menciona a la senaduría vitalicia entre ellas.

Por otro lado, el dictamen en minoría argumenta que la Constitución estipula claramente que los expresidentes que hayan completado sus mandatos serán senadores vitalicios, no tendrán voz ni voto.

Con los dictámenes emitidos, el proyecto tiene vía libre para ser tratado en el pleno del Congreso en la próxima sesión ordinaria de esta semana.

Un análisis nacional permitió identificar 2.152 causas en la Fiscalía, vinculadas a situaciones en las que se mencionó a personas pertenecientes a pueblos originarios.

En 2023 fueron registrados 665 hechos punibles, en 2024 la cifra ascendió a 768, mientras que en 2025 se alcanzó el nivel más alto con 1.010 hechos punibles, reflejando un incremento sostenido en los registros institucionales.

En los casos donde se identificó al menos una presunta víctima indígena, los principales hechos punibles fueron violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso y abuso sexual en niños, lo que evidencia una alta incidencia de hechos relacionados con violencia interpersonal y vulneración de sectores especialmente sensibles.

Los días con mayor cantidad de denuncias fueron domingo, lunes, sábado y viernes, información que puede servir como insumo para la planificación operativa, distribución de turnos y focalización de acciones preventivas.

Según la Fiscalía, los datos corresponden al momento de la denuncia y al procesamiento de la información disponible a la fecha de corte, por lo que están sujetos a actualizaciones. Asimismo, una misma causa puede contener más de un hecho punible.