Se sigue ampliando la lista de familiares y amigos de altos fun­cionarios de la binacional ubicados entre los finalistas del cuestionado concurso vía Proceso Selectivo Externo (PSE) para contratación de personal en Itaipú Binacio­nal. Ahora aparece el nombre de Fátima Ávalos Aguilera, hermana de la jefa de la Divi­sión de Imagen Institucional, Carolina Ávalos Aguilera, y virtual ganadora como ter­nada para el cargo de “teso­rera júnior”.

Según datos del PSE, para el referido puesto se tiene previsto una remuneración base de G. 14.623.200, lo que atrajo a 184 profesionales que se anotaron con la esperanza de obtener la única vacante disponible.

Entre los requisitos excluyen­tes publicados en el portal del PSE se menciona que los par­ticipantes deben tener como máximo 32 años de edad y ser egresados de carreras como contabilidad, administra­ción de empresas, economía, ingeniería comercial o inge­niería empresarial. Perfil que se ajusta “como anillo al dedo” al de la hermana de la jefa de Imagen Institucional, ya que la joven tiene 31 años y el título en administración de empresas.

Sin embargo, la experiencia de la concursante es un verda­dero misterio, ya que no figura en los registros de la Secre­taría de la Función Pública ni tampoco del Instituto de Previsión Social, otro dato no menor considerando que el cargo al que postula Fátima no requiere experiencia y los requerimientos de la Itaipú son ajustadísimos a su perfil.

Vale remarcar que, según los registros de la binacional, la hermana de la aspirante ter­nada tesorera júnior percibe unos G. 45,4 millones al mes entre sueldo y bonificacio­nes. Con este nivel salarial, las hermanas Ávalos podrían convertirse en el duo de pri­vilegiadas del oro en la bina­cional.

El caso de Fátima Ávalos es uno más de los amaños que trascienden en el cuestionado concurso de contratación de personal de la Itaipú. Nues­tro medio identificó una serie de familiares y allegados a los jefes de la institución entre los finalistas para los 220 puestos promocionados por la bina­cional. Otro de estos afortu­nados concursantes es Mau­ricio Leguizamón, finalista para el cargo de “técnico en seguridad del trabajo” e hijo del jefe del departamento de Seguridad del Trabajo, Ángel Leguizamón.

Así también es finalista Fabricio Coronel García, hijo del defensor general de la hidroeléctrica, Francisco Javier Coronel, cuya depen­dencia a su cargo es una de las involucradas en la entre­vista a los postulantes y que forman parte de la última fase del concurso.

La serie de vínculos denun­ciados, sin embargo, pasa desapercibido para el direc­tor general de Itaipú, Manuel María Cáceres, quien días pasados mencionó a los medios que el concurso no está amañado y se escuda con la participación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción para la selección, sin embargo, son los altos funcionarios de la binacio­nal los que están definiendo la competencia.

El amparo constitucional presentado por el gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) tuvo un freno en la segunda sala Tribunal de Apelaciones en lo Civil de la capital luego de que la jueza María Sol Zuccolillo pidiera permiso el pasado 11 de julio.

El gremio acudió a la justicia mediante un amparo en busca de la suspensión o en su caso la anulación del cuestionado concurso de contratación de personal en Itaipú por presuntamente violar los derechos al trabajo y a la igualdad protegidos por la Constitu­ción, tal como refiere el documento firmado por el abogado Juan Prieto, presidente de AAP.

El amparo había sido rechazado por una supuesta omisión de la personería jurídica del mencionado gremio de profesionales y pasó a la Cámara de Apelaciones. Pero en esta instancia volvió a trancarse por el permiso de uno de los miembros y se espera la designación de un tercer juez. En teoría este trámite lleva un plazo de 6 días hábiles desde la solicitud de permiso de la magistrada, tiempo que se cumple este miércoles.

El proceso de selección para la incorporación de perso­nal para las 220 vacantes promocionadas por la Itaipú está en su etapa final. Son 660 finalistas en fase de entrevistas cuya culmina­ción está prevista este vier­nes 21 de julio.

Celeste Solís Bogado, esposa del exjefe de Gabi­nete de la Presidencia de la República, Julio Ullón, fue doblemente premiada en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) el pasado abril, ya que según documentos oficiales, la funcionaria fue designada como direc­tora de la dirección Téc­nica de Control Interno, esto cuando una semana antes había sido ubicada a cargo del millonario pro­yecto para el “Desarrollo de capacidades de gestión MOPC”.

Hay que recordar que el referido proyecto es ejecu­tado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue firmado en junio del 2019 con un presupuesto inicial de USD 1,1 millones, que fue aumentando durante la pandemia a través de “revi­siones sustantivas” hasta habilitar USD 14 millones.

En el proyecto firmado entre el MOPC y el orga­nismo internacional se con­templan millonarias obras como la construcción de la ruta Naranjal-San Cristó­bal y la avenida Costanera Sur, los cuales quedarán a cargo de la esposa de Julio Ullón, reconocido supercon­tratista del Estado que solo en el MOPC se adjudicó con­tratos por valor de G. 55.590 millones, según registros de Contrataciones Públicas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.