Scheid estableció dos pilares sobre el planteamiento de Efraín Alegre de sacar la merienda escolar a los niños y dar a los padres G. 200.000 mensuales. Primeramente, dijo que no existen criterios de objetividad cuando se diseñó esta herramienta de política social y, el dar un subsidio de alimento para las familias, hace parte de dicha herramienta de política social y no pedagógica como la que tenemos.

“Hemos avanzado en Paraguay con mucho esfuerzo en cuanto a la merienda, que para mí es poco, por eso hablo siempre de las necesidades de masificar el almuerzo escolar. Está probado en el mundo que un niño con hambre no puede aprender, por eso es que es tan miserable el que roba la comida de los niños tiene que estar preso y no cambiar una herramienta que con mucho esfuerzo y, todavía inconclusa porque no llega a todo el país, destruirla“, expresó en entrevista con Gen/Nación Media.

Al respecto, la magíster indicó que objetivamente lo que hace una merienda o almuerzo escolar es la atracción a los niños, lastimosamente es una realidad. También hay una cuestión de la dinámica de las familias, cuando le das a una mamá G. 200.000, ella que trabaja, entonces, quién va a cocinar, cuestionó la profesional. Eso tiene su costo, acotó, debido a que las familias organizan sus dinámicas laborales atendiendo de que en las escuelas tienen esa oportunidad de alimentación.

“Qué hace la pedagogía, trabaja justamente la oportunidad de llegar a los aprendizajes gracias a que el alumno va a clases”, respondió.

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Otro de los problemas graves actuales de la educación es la retención escolar y la diserción escolar es altísima. Sobre ese punto, la entrevistada señaló que hay un bajo número de estudiantes que terminan los 12 años de escolaridad, resaltando que es tremendamente necesario que se pongan sobre los mismos habilidades subsiguientes.

“Queremos abrir la universidad, pero la gran masa no tiene terminada la escolaridad de los 12 años, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que es muy serio cuando se diseñan las políticas sociales porque la educación es una política social también, debemos ser serios y tener la mirada transdisciplinar“, afirmó, destacando que es primordial tener la necesidad de trabajar en un sistema integral de información.

Sostuvo que se tienen grandes fracasos en la educación que son las brechas que se deben resolver, como ciencias básicas, matemáticas y compresión lectora. La educación es la política de mayor penetración del Estado, cada dólar que se invierte en un sistema de política social, 0,25 centavos se invierte buscando al paraguayo porque no se cuenta con un sistema integral de información y, la solución es, establecer los territorios con modelos pedagógicos acorde a las demandas.

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Sobre el impacto pedagógico que tendría que se perdiera el almuerzo o la merienda escolar, Scheid respondió que el impacto se daría en tres pilares: la inclusión va ser menor, los niños no irán a la escuela, la contención va a ser grave, no habrá retención en las aulas y la calidad porque “con hambre no se aprende”.

Por último, aconsejó la seriedad al momento de diseñar una herramienta de una política educativa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.