En medio de una férrea resistencia por parte de los concejales de la multibancada que responden a Mario Ferreiro que querían que el proceso inicie cuánto antes, el pleno decidió que recién el 7 de marzo se llevará a cabo la apertura de sobres -que inicialmente estaba marcada para hoy- y que el 7 de febrero se realizará la audiencia pública solicitada por sectores de la ciudadanía, el Sindicato de la Municipalidad de Asunción (Simuca) y la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop).

Si bien hubo una propuesta de que la apertura de sobres se haga el 1 de febrero, el concejal Julio Ullón (ANR) explicó que este plazo no es posible ya que antes debe realizarse la audiencia pública y por ello hizo las propuestas de fecha que finalmente fueron aprobadas.

El concejal Rodrigo Buongermini (concertación Juntos Podemos) dijo que no le parece bien dilatar el proceso y agregó que lo que pueda resultar de la audiencia pública no es vinculante al proceso en sí, dando a entender que aunque hayan manifestaciones en contra de la concesión, esta se llevará a cabo tal y cual está. “La audiencia es muy importante y la participación, pero no es vinculante. Ahora la consigna es: ‘que la gente decida’ y en el marco de eso violamos todas las normas y disposiciones legales… si estamos apurados hagamos el primero (de febrero)… el que quiere saber ya sabe”, sostuvo el edil, desacreditando al sector que pidió enterarse de los detalles de la concesión del servicio.

El servicio de gestión tributaria recibió una serie de críticas ya que es considerado como la concesión de un servicio que bien puede ser encargado a funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Una empresa tendrá a su cargo la actualización del software de Recaudaciones y los mapas de Castro Municipal a cambio de cierto porcentaje en la mejora de la recaudación.

Según el sindicato Simuca, la concesión podría traer consigo despidos de alrededor de 1.000 funcionarios.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.