En medio de una férrea resistencia por parte de los concejales de la multibancada que responden a Mario Ferreiro que querían que el proceso inicie cuánto antes, el pleno decidió que recién el 7 de marzo se llevará a cabo la apertura de sobres -que inicialmente estaba marcada para hoy- y que el 7 de febrero se realizará la audiencia pública solicitada por sectores de la ciudadanía, el Sindicato de la Municipalidad de Asunción (Simuca) y la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop).

Si bien hubo una propuesta de que la apertura de sobres se haga el 1 de febrero, el concejal Julio Ullón (ANR) explicó que este plazo no es posible ya que antes debe realizarse la audiencia pública y por ello hizo las propuestas de fecha que finalmente fueron aprobadas.

El concejal Rodrigo Buongermini (concertación Juntos Podemos) dijo que no le parece bien dilatar el proceso y agregó que lo que pueda resultar de la audiencia pública no es vinculante al proceso en sí, dando a entender que aunque hayan manifestaciones en contra de la concesión, esta se llevará a cabo tal y cual está. “La audiencia es muy importante y la participación, pero no es vinculante. Ahora la consigna es: ‘que la gente decida’ y en el marco de eso violamos todas las normas y disposiciones legales… si estamos apurados hagamos el primero (de febrero)… el que quiere saber ya sabe”, sostuvo el edil, desacreditando al sector que pidió enterarse de los detalles de la concesión del servicio.

El servicio de gestión tributaria recibió una serie de críticas ya que es considerado como la concesión de un servicio que bien puede ser encargado a funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Una empresa tendrá a su cargo la actualización del software de Recaudaciones y los mapas de Castro Municipal a cambio de cierto porcentaje en la mejora de la recaudación.

Según el sindicato Simuca, la concesión podría traer consigo despidos de alrededor de 1.000 funcionarios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.