El fiscal Marcelo Pecci indicó a la radio 730 AM que son cuatro allanamientos los que se están realizando, de los cuales dos se efectúan en casas de cambio y otras dos, en residencias. Se trata de personas que tienen procesos iniciados en los Estados Unidos por un esquema internacional de lavado de dinero del narcotráfico y otros crímenes.

Sostuvo que las dos casas de cambios formarían parte del mecanismo principal para esta actividad ilícita. “El local está seriamente sospechado de ser un instrumento de blanqueo de capitales proveniente del crimen organizado y del narcotráfico, a gran escala y a nivel internacional”, expresó.

El funcionario público adelantó que encontraron evidencias que respaldan una investigación del gobierno de los Estados Unidos y que hay al menos una persona detenida, cuya identidad revelará más adelante.

En cuanto a la evidencia hallada, dijo que se trata de cantidades muy importantes de dinero, de remesas, de giros electrónicos, y de incautación de mucho dinero que estaban escondidos en compartimentos secretos. “Encontramos muchísima cantidad. Esto es realmente muy grande. Tenemos documentado que se hicieron ciento de miles de dólares en giros electrónicos”, acotó.

“Esta gente es tan poderosa que un simple oficio que llega en manos inadecuadas puede hacer caer una investigación de hace años”, comentó respecto a que aun no cuentan con muchos detalles de cómo estaba actuando la casa de cambio.

Con relación a la preocupación que expresó el Gobierno de EE.UU. sobre la financiación terrorista en la Triple Frontera, el fiscal dijo los casos que van saltando, abren esa posibilidad. “Al hablar de crimen organizado, evidentemente está involucrado el tráfico de armas, de drogas, y sabemos muy bien la presencia de grupos radicalizados que nutren sus actividades de este ilícito. Nuestra visión está enmarcada en las conexiones que puede haber más allá del narcotráfico, que puede ser el terrorismo”, subrayó.

El representante fiscal aclaró que este operativo no guarda relación con el caso de Darío Messer y Bruno Fariña, quienes están siendo buscados por el caso de Lava Jato (Brasil), pero reconoció que puede tener una modalidad similar.

ESQUEMA DEL HEZBOLLAH

El comunicador Vladimir Jara, encargado de prensa del Ministerio del Interior, informó a través de sus redes sociales que la casa de cambios, denominada “Unique SA”, es propiedad de un familiar cercano (el concuñado) del comerciante Walid Amin Sweid.

Según el funcionario, de acuerdo al diario La Nación, la comitiva fiscal indaga “piezas claves” del esquema de lavado de dinero y finanzas del Hezbollah, la milicia islámica tildada como “terrorista”, en la zona de las Tres Fronteras.

En los Estados Unidos, la consultora de riesgo político Asymmetrica, en conjunto con la ONG Counter Extremism Project, alertó el crecimiento del grupo terrorista en la región.

EMPRESARIO NIEGA ACUSACIÓN

Por su parte, Walid Amine Sweid, quien está investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de dinero, negó estar implicado en delitos de este tipo y aseguró que su “pecado es ser árabe y musulmán”.

Sin embargo, confirmó que el allanamiento se hace en una vivienda de su suegro y cuñado. Además indicó que la casa de cambios intervenida pertenece a su cuñada. ”Yo no tengo nada que ver con eso”, añadió.

Así también, el empresario comentó que no existe ninguna causa contra él en los Estados Unidos.

“Me dicen financista del terrorista, narcotraficante y lavador de dinero, pero sin presentar ninguna prueba. Me meten en un tema de megalavado. No sé qué mano negra está detrás de esto”, criticó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.