Un equipo periodístico del diario La Nación realizó una investigación y puso al descubierto un esquema de venta de bases de datos que cuenta con información detallada de miles de personas, entre números de teléfono, dirección y ocupación laboral, entre otros.

El periodista Aldo Benítez comentó a la 970 AM que este tema es algo de lo que constantemente se está hablando y que afecta a varios usuarios de telefonía móvil, quienes a diario reciben llamadas o mensajes de texto sin saber cómo consiguieron su número de teléfono.

“Esto empezó debido a que en las propias páginas de Facebook empezaron a ofrecer bases de datos. Eso llamó la atención al equipo de La Nación y se hizo contacto con esta gente”, refirió.

Estas bases de datos se obtienen generalmente de entidades financieras, compañías telefónicas, casas de crédito o incluso desde el mismo Instituto de Previsión Social (IPS). Dicha información suele ser utilizada para ofrecer algún tipo de producto o servicio, al igual que créditos, de acuerdo a la publicación periodística.

Benítez confirmó que realizaron el contacto con dos vendedores a través de Whatsapp, fijando un punto de encuentro para concretar la transacción. Una de las planillas a las que accedió La Nación (y ofrecida por Gs. 250.000) cuenta con datos actualizados de unas 10.000 personas, incluyendo nombres, números de teléfono, direcciones y hasta lugar de trabajo. La otra consta de 30.000 nombres y costó Gs. 500.000, ya con una mayor cantidad de datos, pues especificaba la preparación académica de la persona, si era funcionario público, policía, socio de una cooperativa e inclusive propietario de una pequeña o mediana empresa (Pymes).

“Es una invasión a la privacidad total”, aseguró el periodista del diario La Nación.

Para abordar este tema, el equipo de investigación habló con todas las partes involucradas, tanto la Fiscalía contra Delitos Informáticos, la Cámara Paraguaya de Casas de Créditos, la Cámara de Operadores Móviles y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).

“Si bien existe una ley, hay que ampliarla para que se incluya dentro una parte específica para que no se puedan vender datos que sean considerados personales. Hay datos que no son considerados personales ahora, como el número de teléfono y otras cosas, eso no se configura actualmente como un delito”, explicó.

En ese sentido, la nota de La Nación incluye una entrevista con la fiscal especializada Irma Llano, quien aseguró que se necesita de una ley de protección de datos ampliada con el fin de resguardar la privacidad de las personas.

Benítez recordó el proyecto de “Lista Hû”, una página que cuenta con una base de datos de varios números que realizan envío de mensajes spam y fue creada por Marcelo Elizeche Landó.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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