Un equipo periodístico del diario La Nación realizó una investigación y puso al descubierto un esquema de venta de bases de datos que cuenta con información detallada de miles de personas, entre números de teléfono, dirección y ocupación laboral, entre otros.

El periodista Aldo Benítez comentó a la 970 AM que este tema es algo de lo que constantemente se está hablando y que afecta a varios usuarios de telefonía móvil, quienes a diario reciben llamadas o mensajes de texto sin saber cómo consiguieron su número de teléfono.

“Esto empezó debido a que en las propias páginas de Facebook empezaron a ofrecer bases de datos. Eso llamó la atención al equipo de La Nación y se hizo contacto con esta gente”, refirió.

Estas bases de datos se obtienen generalmente de entidades financieras, compañías telefónicas, casas de crédito o incluso desde el mismo Instituto de Previsión Social (IPS). Dicha información suele ser utilizada para ofrecer algún tipo de producto o servicio, al igual que créditos, de acuerdo a la publicación periodística.

Benítez confirmó que realizaron el contacto con dos vendedores a través de Whatsapp, fijando un punto de encuentro para concretar la transacción. Una de las planillas a las que accedió La Nación (y ofrecida por Gs. 250.000) cuenta con datos actualizados de unas 10.000 personas, incluyendo nombres, números de teléfono, direcciones y hasta lugar de trabajo. La otra consta de 30.000 nombres y costó Gs. 500.000, ya con una mayor cantidad de datos, pues especificaba la preparación académica de la persona, si era funcionario público, policía, socio de una cooperativa e inclusive propietario de una pequeña o mediana empresa (Pymes).

“Es una invasión a la privacidad total”, aseguró el periodista del diario La Nación.

Para abordar este tema, el equipo de investigación habló con todas las partes involucradas, tanto la Fiscalía contra Delitos Informáticos, la Cámara Paraguaya de Casas de Créditos, la Cámara de Operadores Móviles y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).

“Si bien existe una ley, hay que ampliarla para que se incluya dentro una parte específica para que no se puedan vender datos que sean considerados personales. Hay datos que no son considerados personales ahora, como el número de teléfono y otras cosas, eso no se configura actualmente como un delito”, explicó.

En ese sentido, la nota de La Nación incluye una entrevista con la fiscal especializada Irma Llano, quien aseguró que se necesita de una ley de protección de datos ampliada con el fin de resguardar la privacidad de las personas.

Benítez recordó el proyecto de “Lista Hû”, una página que cuenta con una base de datos de varios números que realizan envío de mensajes spam y fue creada por Marcelo Elizeche Landó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.