Durante el período de Miguel Cuevas como gobernador de Para­guarí se cargaban combusti­bles a móviles sin motores, sobre tacos y otros hasta despedazados. Además, en el 2016, la misma Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) consideró que durante la adminis­tración del actual presi­dente de la Cámara de Diputados no se remi­tieron documentos que garanticen la correcta utilización de combus­tibles por un monto supe­rior a los 1.231 millones de guaraníes.

De acuerdo con el informe presentado por la Contralo­ría General, que data sola­mente del 2016, el presu­puesto para este año, que debía ser destinado para la compra de combustibles, era cerca de G. 1.500 millones, sin embargo, en la admi­nistración de Cuevas se gastó esa plata y no se pudo justifi­car unos G. 1.231 millones. Es decir, que justificó solamente unos G. 234 millones.

Se trata apenas de un año de gestión en un ítem, y existen fuertes sospechas de que este modus operandi prevaleció durante todo el período de Cuevas al frente del gobierno departamental, no descar­tándose tampoco otras irre­gularidades en otros rubros.

Las anomalías abundan. De acuerdo con documentos a los que accedió La Nación y GEN, el actual presidente de la Cámara de Diputados, como gobernador entre el 2013 y 2017 fue el artífice de la elabora­ción de un mecanismo para la utilización de combustibles a móviles que, en algunos casos hace 5 años, dejaron de fun­cionar.

TRACTOR EN DESUSO Y CAMIONETA SIN MOTOR

Un equipo periodístico visitó el parque automotor de la Gobernación para conocer las condiciones en las que se encuentran estos roda­dos. Por ejemplo, la Gober­nación, en la era de Miguel Cuevas, ordenó que se le car­gara combustible, de acuerdo con uno de los documentos, hasta mayo del 2016 a un tractor agrícola de la marca Massey, con chapa AD28, que está fuera de funcionamiento hace 6 años, cuya condición se encuentra estado lamentable.

El caso de la Ford tipo tumba, chapa EAC 235, habla por sí solo. Este vehículo dejó de funcionar hace 4 años, sin embargo, la administración de Cuevas hasta marzo del 2017 destinaba combustible al rodado, según la orden de trabajo Nº 9346.

Otro caso similar se daba con la camioneta de la marca Toyota, con chapa EAC 230. Este vehículo seencuentra en pésimas condiciones y como si fuera poco, ya no cuenta con el motor, porque dejó de funcionar hace 4 años. Sin embargo, de acuerdo con la orden de trabajo de la gober­nación, se destinaba combus­tible para realizar supues­tamente actividades hasta febrero del 2017.

CAMIÓN SOBRE TACOS

También se pudo ubicar un camiónMercedes Benz, con chapa Nº EAC 232, que según la orden de trabajoNº 7288, hasta el 2016 acarreaba pie­dras, pero la realidad es otra: la misma dejó de funcionar hace 4 años, se encuentra sobre tacos y sin ruedas.

La retroexcavadora JCB, chapa TEA 202, está fuera de funcionamiento desde hace 4 años, y se pudo visualizar que antes de realizar algunos trabajos para beneficio de la comunidad, sirve de aguan­tadero para diversos animales. Hasta abril del 2016, suspuestamente la goberna­ción autorizaba trabajos para esta enorme máquina y por supuesto con cientos de litros de combustible.

MOTONIVELADORA Y PALA CARGADORA

Las condiciones en las que seencuentran las maquina­rias no dejan de sorprender. La motoniveladora Cham­pion 720 A está sobre tacos de madera desdehace más de 3 años, siendo su condición bastante lamentable, pero la administración de Cue­vas liberaba combustible en cantidad supuestamente para esta máquina hasta el 2016.

La pala cargadora Michigan, con chapa TEA 205, cuenta con autorización para traba­jos hasta el 2016,pero dejó de funcionar hace unos 4 años aproximadamente.

El tractor agrícola Val­met, de procedencia finlan­desa, que se encuentra en la Escuela Agrícola de Ybycuí, de acuerdo con datos concre­tos, solamente habría funcio­nado normalmente hasta el 2015. Igualmente, según losdatos que disponemos, la administración de Cuevas habría liberado combusti­ble para esta máquina hasta agosto del 2016.

MODUS OPERANDI

Las desprolijidades están a flor de piel. Los documen­tos remitidos a la Contralo­ría General de la República llamativamente no cuen­tan con detalles de lacanti­dad de los kilómetros reco­rridos o las horas de usode muchos de los rodados. En muchos casos solamente son respaldados con una frase como “Traslado de funcio­narios para realizar gestio­nes varias”, “Rastroneada de suelo”, “Reparación de cami­nos vecinales” y cosas por el estilo, prestándose a sospe­chosas maniobras y uso inco­rrecto de combustible.

Según la página de la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas (DNCP), en el 2014, la gobernación recibió unos G. 1.800 millones para la adquisición de combustibles y G. 1.700 millones para el 2015.

LOS “CLAVOS” DE CUEVAS

Recordemos que de acuerdo con un informe periodís­tico de GEN y La Nación, que viene siendo difundido hace dos semanas, el político en cuestión habría dejadocomo legado una serie de irregula­ridades. Por ejemplo, entre los cuestionamientos se encuentran facturas falsas que sirvieron para engañar a familias campesinas, contra­tación de “planilleros”, obras que nunca se terminaron, un oscuro manejo familiar en la gestión de la merienda esco­lar, además de otras decenas de denuncias en la Contralo­ría por supuesta malversación de fondos.

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORÍA

“Durante el período 2016, se realizaron recargas de com­bustible en 4 tanques metá­licos con capacidad de 3.000 litros cada uno, por un total de G. 1.231.495.900, para el uso de camiones tumba y maqui­narias: enrelación al cual, no fueron proveídos al equipo auditor los procedimientos, registros o controles, imple­mentados puntualmente para los tanques metálicos”, señala en su informe la Contraloría.

“Por lo tanto, la administra­ción departamental de Para­guarí no dio estricto cum­plimiento a la Ley 153/99, de Administración Financiera del Estado. En su artículo 1 inc. a), 60, 83, inc. b) y f). Asi­mismo, la resolución CRG Nº 653/08, por el cual se aprueba la Gula Básica de documen­tos de rendición de cuentas que sustentan laejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los organismos y entidades del Estado. Sujeto al controlde la Contraloría General de la República”, añade el documento.

POR CANAL GEN

En la fecha, además de estas páginas, el canal GEN (12 de Tigo Star) emite un documen­tal especial sobre este caso, tal como ya lo viene haciendo con otras situaciones irregu­lares que involucran al polí­tico colorado añetetista.

Las órdenes de trabajo demuestran que las máquinas y camiones operaban con normalidad, pero dejaron de funcionar hace 4 a 5 años.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.