En conversación telefónica con la 780 AM, Román Fernández rompió el silencio y se refirió a la polémica ahora instalada pero que ya se comentaba hacía años: la supuesta estafa masiva que realizaría la empresa Mocipar.

En ese sentido comentó que en abril de este 2017, contrariamente a lo dicho por Dany Durand, adquirió del político colorado todas sus acciones comerciales. “En estos meses se hizo toda la documentación”, indicó. En cambio, el ministro de la ex Senavitat dijo que en el 2013 vendió la empresa, luego que fue en el 2015, posteriormente cambió de versión y aseguró que lo hizo el año pasado.

El empresario indicó que le parece muy llamativo que comiencen a saltar las denuncias y alegó que “seguramente la gente que no ganó está disconforme. Hasta el momento no tenemos denuncias legales, solo verbales”. Aunque también argumentó que podría tratarse de una cuestión política.

“¿Vos escuchaste algún problema en todo estos años de Mocipar?”, cuestionó durante la entrevista. A lo que el periodista le mencionó que sí, porque el manejo de la empresa era un tema que se comentaba años atrás.

En su defensa, Fernández indicó que “en 28 años tenemos como testimoniar la gente que ganó y compró los departamentos. La gente está andando en sus vehículos, motos. Tenemos 8.000 adjudicados de casas, muebles, electrodomésticos. El que no ganó no está contento. Estamos cumpliendo en lo que establece nuestro contrato. Obviamente hay gente que no está de acuerdo y está en su justo derecho reclamar. Yo no sé si esta gente está incentivado por algo”.

“Duele mucho que haya gente que nos quiera perjudicar. Estamos acá para responder”, sostuvo.

Fernández explicó que en el contrato se estable, en uno de los planes ofrecidos, que los socios pueden ganarse un auto 0KM de salir sorteados, siempre que estén al día con la cuota mensual. Al cumplir el periodo de pago de estas cuotas, los perdedores tienen la posibilidad de seguir pagando para adquirir un auto usado. “No es que nadie explica, está el contrato y en la televisión donde tenemos un programa donde también informamos de nuestros planes”, añadió.

Al igual que Durand, no habló sobre los casos de personas que tuvieron que comprar y aparecían sus fotografías en televisión como ganadores del sorteo, tampoco sobre las denuncias de ciudadanos que hace años (algunos hasta 10 años) no pueden titular sus vehículos ante las trabas ocasionadas por la empresa para concretar la transferencia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.