“Voy a revisar todos los nombramientos que hizo la señora Torreblanca, cada caso en particular”, expresó Roy Rodgers, contralor designado de forma interina por la Cámara de Diputados.

Una repartija de cargos realizó la exsubcontralora en la Contraloría, supuestamente para atacar a los entes del Poder Ejecutivo.

El esquema de cupos se dividieron entre luguistas, liberales y el G11 (antes G15). Actualmente las direcciones de la Contraloría están funcionando bajo el siguiente esquema:

Dirección General de Administración, Gladys Benitez de Oviedo (ANR),

Dirección de Gestión de Talento Humano, Natalia Benítez Núñez, hija del exsenador Juan Manuel Benítez Florentín,

Auditoría Institucional, Marta Vicézar (PLRA),

Asesoría Técnica: Roberto Giménez,

Dirección de Comunicaciones: el sindicalista Miguel Otto Von Shoerer (ANR), cercano al congresista Arnoldo Wiens,

Dirección General de Control de la Administración Central: Andrés Rodríguez, hermano de Kencho Rodríguez (Frente Guasu),

Dirección de Control de Organismos Departamentales y Municipales: Nelson Salinas, quien sería el recomendado del parlamentario Julio César Velázquez (ANR),

Dirección General de Licitaciones: Alcira Silvano de León, quien es seguidora del titular del Congreso, el senador “Marito” Abdo Benítez.

DESIGNAR “CABEZAS” CUANTO ANTES

El contralor interino espera que en breve, el Congreso designe a un contralor y subcontralor “para encausar el rumbo en la institución”.

“Lo que ahora estamos haciendo es un control de daños e inicio de proceso de reconstrucción pero esto en cuatro meses no se termina, no hay mago que solucione el problema de credibilidad en cuatro meses”, declaró Rodgers.

Mientras dure la elección, prometió continuar con los trabajos pendientes. “Tenemos muchas obligaciones que cumplir”, agregó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.