Paraguay lleva 12 años sin reporte de casos de fiebre amarilla y pese a ello, el riesgo de importación del virus está latente a través de viajeros provenientes del Brasil donde se reportan casos.

Este año fueron notificados dos eventos de enfermedades en monos ocurridos en refugios el Departamento de Alto Paraná y ambos fueron descartados para fiebre amarilla, informó la Dirección de Vigilancia de la Salud.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud del Brasil, de julio de 2019 a la fecha se contabilizaron 2.590 epizootias con sospecha de fiebre amarilla en todo el territorio brasileño, de los cuales, 271 fueron casos confirmados por laboratorio en los estados de Sao Paulo (4), Paraná (228) y Santa Catarina (39), lo que indica circulación activa de fiebre amarilla en dichos estados e indicios de dispersión por los corredores ecológicos, lo que significa un aumento en el riesgo de transmisión a las poblaciones humanas.

Debido a esta situación, Salud Pública realiza la vigilancia de epizootias en monos con sospecha de fiebre amarilla en todo el territorio nacional poniendo énfasis en los parques nacionales, reservas biológicas y zoológicos que cuentan con estos ejemplares.

La cartera sanitaria recomienda que en caso de encontrar un mono muerto o enfermo no tocarlo y comunicar el hecho al Senacsa o la región sanitaria más cercana.

Ante la notificación de hallazgo de monos enfermos o muertos, se realiza inmediatamente la notificación a la oficina local del SENACSA o la Región Sanitaria correspondiente para la investigación epidemiológica y la recolección de muestras necesarias para la confirmación por laboratorio.

Cabe aclarar que los primates no humanos o monos no son transmisores del virus de la fiebre amarilla; éstos son infectados a través de la picadura de mosquitos, se enferman y mueren. De esta manera, alertan sobre la posible circulación del virus en una Región.

Ante la sospecha de circulación de fiebre amarilla en una región determinada las autoridades sanitarias establecen las acciones de prevención que incluyen: la notificación oportuna de casos sospechosos, la investigación de casos probables y el refuerzo de la inmunización e las poblaciones afectadas, que aún no cuenten con la aplicación de la vacuna antiamarílica.

Es indispensable que toda persona que visite una reserva natural o un área silvestre que incluya la presencia de monos esté vacunada contra la fiebre amarilla como medida de protección.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.