Este jueves surgieron los nombres de cinco personas que supuestamente están involucradas en el fraude (filtración de examen) en el ingreso a la Escuela Judicial: Lucas Chalub, Fermín Bogado, Gustavo Medina, Ariel Balbuena (“Tomatón”) y Carlos Cabrera, alias “Cabra”.

Este último, en contacto con nuestra redacción, calificó de malintencionada la denuncia realizada por el miembro del Consejo de la Magistratura, Juan Bueno Jara.

“Es irresponsable dar nombres, yo no sé qué pruebas tiene. Me tomó súper de sorpresa, pero yo estoy tranquilo, no tuve participación alguna en este caso”, aseguró.

El letrado comentó que desconoce si hubo o no un fraude en el examen de admisión de los futuros jueces.

“Cabra” se defendió al señalar que “por ejemplo mis compañeros de estudios no ingresaron”, y que si tenía en su poder las respuestas, otra habría sido la historia. Aseveró además que Fermín Bogado estuvo internado la noche anterior del examen, por lo que se preguntó: “¿cómo va a estar comercializando las respuestas?”.

Indicó que le resulta muy extraño que las cinco personas nombradas tienen activa participación en Derecho, UNA. “Yo creo que es malintencionado esto, pero no sé de qué sector proviene”.

Al consultársele si se pondrá a disposición de la justicia, respondió que “yo me voy a poner a disposición, pero acá no hay ninguna denuncia en mi contra, y además no van a encontrar nada en mi contra”. En todo momento recordó que la denuncia presentada ante el Ministerio Público es contra personas innominadas.

RATIFICA DENUNCIA

Por su parte, Juan Bueno Jara volvió a ratificar que las cinco personas están involucradas en este hecho. Dijo a HOY Digital que este jueves recibió a un escribano enviado por Lucas Chalub, para que se retracte. “Yo solo le dije que no tenía tiempo para recibirlo”, añadió.

“Los hombres públicos, los que son funcionarios públicos, no pueden hacer uso de la presunción de inocencia. Si hay dudas de su inocencia, que ponga a disposición de la justicia su teléfono, para ver los cruces de llamadas”, sostuvo.

Comentó que posee en su poder evidencias en torno a este caso, y que algunos elementos fueron acercados por personas también involucradas en el fraude. “Yo di los nombres para que la justicia sepa por dónde comenzar la investigación”, agregó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.