POR JORGE TORRES ROMERO

El 31 de agosto pasado imputó, pero tres semanas antes cuando Legal se dirigía a Villarrica para allanar la sede de ESSA y con la intención de requisar importantes documentos, presurosamente Rodolfo Friedmann presentó recusación contra el agente fiscal.

De igual manera se hizo el procedimiento con otro fiscal y fue ahí que se encontraron documentos que demostraban que la empresa ESSA pagó con dinero de sus cuentas bancarias muchos de los lujos que adquirió el senador. Las denuncias que hizo el ex socio comercial de Friedmann, Hugo Alexander Torales, que sindicaban que la empresa ESSA era en realidad propiedad del senador Rodolfo Friedmann comenzaban a tener un grado de certeza documental.

Con todos esos elementos es que se imputó a Friedmann, su esposa Marly Figueredo, su primo Silvio Alvaro Alfaro, su contadora Lourdes González, Eduardo Domínguez y el diputado Éver Noguera, pero el procesamiento de estas personas lejos de ser ese el inicio de una investigación judicial se transformó en callejón sin salida de chicanas procesales que se fueron turnando en presentar los imputados.

Eduardo Domínguez, quien era la mano derecha de Roldofo Friedmann en la gobernación del Guairá, por ejemplo es el que más obstruye el avance del proceso, ya que presentó tres recusaciones contra el fiscal Osmar Legal. Cada vez que se confirmaba el agente en el caso, Domínguez presentaba otra recusación y también presentó una denuncia contra el agente en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Domínguez también planteó un recurso para que el proceso sea juzgado en los tribunales del Guairá, pedido que no corrió.

Después el matrimonio Friedmann-Figueredo entró en acción presentando chicanas una tras otra. Cuando fueron llamados a la audiencia de imposición de medidas, ambos presentaron un recurso de reposición contra la providencia que los citaba a declarar, eso hizo que se suspenda la audiencia un par de veces. También Friedmann apeló la resolución por la cual se embargaba sus bienes.

Finalmente cuando Rodolfo Friedmann y Marly Figueredo se presentaron a la audiencia de imposición de medidas y le dieron la libertad ambulatoria con la exigencia de cumplir con algunas reglas de conducta y una fianza, apelaron la medida y pidieron un trato especial para no cumplir con lo dispuesto por el juez Rolando Duarte.

De esta manera desde hace cuatro meses que la causa no puede avanzar debido a las chicanas que se turnan los procesados en presentar impunemente ya que ningún juez se atreve a sancionar por litigantes de mala fe a Duarte Cacavellos y a sus abogados “satélites”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.