La compra pro bolsillo de los 25.000 kits alimenticios en Ciudad del Este, orquestada en plena pandemia, quedó constatada mediante una auditoría de la Contraloría General de la República. Sin embargo, el intendente reelecto Miguel Prieto sigue zafando de la justicia y sigue impune, pese a que ya están por cumplirse dos años desde la apertura de la investigación.

A la fecha, el fiscal Juan Ledezma alega que sigue analizando las documentaciones remitidas por instituciones como la Contraloría y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Esta dilatada investigación no arrojó siquiera una imputación y el reelecto Miguel Prieto sigue sin responder por la licitación de G. 2.949 millones que direccionó a favor del pequeño autoservicio Tía Chela.

Quedó confirmado que Prieto adjudicó casi G. 3.000 millones en compra covid de alimentos a la pequeña despensa Tía Chela, sin que el negocio cuente con la capacidad financiera ni el stock requerido. Dicho por la madre de Fermín Ávalos, dueño del quiosco, éste tuvo que “prestar plata” para asumir el contrato

Vulneraron normas de Contrataciones Públicas al punto de completar lista de invitados con el papá de Ávalos y una amiga de Prieto que en ese momento se acababa de ganar un jugoso contrato también de provisión de alimentos, que luego fue anulado por irregularidades. Fabricaron facturas en el intento de respaldar stock de mercaderías. Aparecieron un sinfín de facturas de compras con una cadena interminable de intermediarios que lo único que hizo fue reforzar la teoría de que el proveedor no contaba con las mercaderías.

Tributación proveyó todos los papeles, de cómo se surtía Tía Chela, justificando compras hasta de firmas dedicadas al rubro de la construcción. Entre ellas, Vanemi, un negocio del rubro inmobiliario como intermediario y no hay que olvidar que este comercio también fue utilizado en otra licitación covid, en la que Prieto compró alimentos de un humilde constructor de pozo artesiano. Todos parientes entre sí.

Para el coronario de irregularidades, la Contraloría señala después de una auditoría que no existen notas de remisión que avalen la entrega total de los 25.000 kits de alimentos, tal como se estipulaba en la invitación a los potenciales oferentes. Existen además un rosario de denuncias totalmente en conocimiento del Ministerio público, como el caso de la compra de la clínica móvil, licitación en la que inventaron invitaciones a grandes concesionarias, sin embargo, no existe acuse de recibos. Posible falsificación de documentos, también en el freezer. Las veces que consultamos al fiscal Ledezma éste se limitó a responder que llevará todavía tiempo su investigación, pese a que en marzo se cumple dos años de “pesquisa”, pero la extrema lentitud del Ministerio Público, en este caso, no conmueve a los políticos de la oposición que fungen de perseguir la mafia y la corrupción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.