El proyecto se había presen­tado el 5 de julio del 2017, siendo promulgado el 4 de agosto del mismo año. Los diputados que habían pre­sentado la propuesta fueron Dany Durand, Luis Alberto Larré, Enrique Pereira, Ramón Romero y Cornelius Sawatzky.

Algunos medios de prensa le siguen la corriente a la sena­dora Desirée Masi y preten­den instalar el “mensaje” de que fue el ex presidente Horacio Cartes quien, supuesta­mente valiéndose de su posi­ción, se habría aprovechado de información privilegiada para beneficio propio. Quie­nes cuestionan se olvidan que diputados y senadores apro­baron una legislación para uso masivo de cemento en las obras de infraestructura de manera gradual.

No obstante, extrañamente, la misma senadora fue quien presidió la comisión de Hacienda del Senado y firmó el dictamen, recomendando la aprobación del uso de cemento para su utilización en obras viales construidas por el Estado paraguayo en el marco de las políticas públicas. Fue el día 23 de mayo del 2017.

Luego de que el proyecto ingresó, fue girado a varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados como la de Legislación y Obras, Servi­cios Públicos y Comunicacio­nes. En esta última comisión se recomendó la aprobación sin ninguna objeción, en la que los diputados firmantes fueron Blanca Vargas, Víctor González, Celso Maldonado, Néstor Ferrer, Marcial Lez­cano y Nazario Rojas.

Luego fue aprobado en el plenario, donde obtuvo la media sanción. En la Cámara de Senadores se giró a las comisiones de Legislación, Hacienda, Obras y Cuentas y Control de la Administración Financiera.

LOS POLÍTICOS

La Comisión de Hacienda presentó un dictamen reco­mendando la aprobación del proyecto, firmado por Mario Abdo Benítez (en ese entonces senador), Emilia Alfaro, José Manuel Bóbeda, Espe­ranza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, Derlis Osorio y Silvio Ovelar.

Mientras que la Comisión de Obras recomendaba la apro­bación, pero con modificacio­nes. Los senadores que firma­ron el dictamen fueron Luis Castiglioni, Derlis Osorio, Silvio Ovelar, Eduardo Petta y Luis Wagner. En el mismo sentido, por la Comisión de Legislación apoyaron la pro­puesta Enrique Bacchetta, Arnaldo Giuzzio y Eduardo Petta.

Fueron estos algunos de los políticos que no objetaron el uso masivo del cemento en obras viales; sin embargo, hoy critican la inversión de la nueva industria que se ubi­cará en Concepción.

LA PLANTA FABRIL

Una planta cementera se ins­talará en el departamento de Concepción mediante una inversión del Grupo Car­tes y la empresa Jiménez Gaona & Lima, según anun­ció el empresario José Ortiz. El costo de la inversión ron­daría los US$ 180 millones y generaría unos 500 nuevos puestos laborales en la pri­mera fase. La producción anual proyectada alcanzaría las 1.000.000 de toneladas de cemento, logrando una gene­ración de 1.500 empleos para la fase de obras.

Ley aún no está en vigencia

La ley fue promulgada en agosto del 2017, pero aún no está reglamentada, pese a que en el artículo 6º se indica un plazo de 6 meses para la reglamentación, lapso que se cumplió en febrero del año pasado. A partir de ese tiempo, la ley ya debería de estar en vigencia para su ejecución. Hasta la fecha no se tuvo en cuenta esta ley para alguna obra vial.

La ley resuelve que del total de las obras viales programadas para cada ejercicio fiscal, el organismo ejecutor responsable queda obligado al planeamiento, programación, presupuesto y la contratación de la construcción con cemento hidráulico en un porcentaje. El primer año inicial quince por ciento (15%); segundo año veinte por ciento (20%); tercer año veinticinco por ciento (25%) y cuarto año treinta por ciento (30%).

La Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Hacienda quedan asignados como responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.