La radio Ñanduti informó que se dispuso cambios en el Gabinete Militar, específicamente en lo que refiere a la Dirección de Material Bélico (Dimabel). Allí fue designado el general de división Roberto Piñánez Ciancio en reemplazo del general Aldo Ozuna, quien venía ocupando hasta la fecha ese cargo, en medio de muchos cuestionamientos.

El diario La Nación viene publicando una serie de irregularidades en la institución, al quedar al descubierto plan para entregar recur­sos y mano de obra de la Dima­bel a la empresa Compañía Brasileña Cartuchos (CBC), que vendrá a producir muni­ciones para su posterior venta y cuyas ganancias solo bene­ficiarán a la firma extranjera. Se habló de una entrega de soberanía, pero desde la ins­titución militar salieron a des­mentir tal situación.

Según la investigación periodística, de la mano del general Aldo Ozuna y apresurada­mente la Dimabel se compro­metió con CBC Mercosur a llevar adelante el gran negocio de las municiones dejando de lado todos los procedimientos legales dejando en abierta des­ventaja a la institución mili­tar y al Estado paraguayo. A las claras este acuerdo debe ser anulado cuanto antes y llamar a una licitación clara bajo las reglas que las leyes tie­nen previstas para que se pre­senten las empresas públicas o privadas a competir en igual­dad de condiciones y no tor­cer los procesos rayando con el delito para darle una mano a los “amigos”.

Por esta situación, todavía en su carácter de director de Dimabel, Aldo Ozuna se presentó en la mañana de este lunes ante la mesa directiva del Senado para explicar los motivos del contrato de la Dimabel con la empresa brasileña para fabricar municiones. Hernelinda Alvarenga, vicepresidenta del Senado, dijo a la prensa que Ozuna explicó que la importancia del contrato radica en el ahorro que va a tener Dimabel.

El legislador Martín Arévalo fue uno de los críticos de Ozuna. A su parecer además de ser destituido, el Ministerio Público debe abrir una investigación por lesión de confianza para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de esta entrega de la soberanía, cuyo trasfondo sería un millonario negociado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.