En conferencia de prensa, el ministro Julio Mazzoleni confirmó que cancelará todos los procesos licitatorios que fueron objetados por la comisión de control liderada por el ministro Arnaldo Giuzzio.

Dijo que fueron analizados 32 procesos, algunos que están en etapa inicial, en evaluación, en contrato y también en adjudicación. No obstante, indicó que todavía no sabe cuántas poseen irregularidades porque no pudo ver aún el informe.

El Secretario de Estado adelantó que se harán nuevos llamados en la modalidad a la baja electrónica y alegó que esta situación irregular podría instalar buenas prácticas en los procesos licitatorios de ahora en más.

Consultado sobre qué hará con los funcionarios corruptos de Salud, el ministro dijo que ya tomó medidas internas con los sumarios y que ya dieron participación a la Dirección de Contrataciones, Contraloría General de la República y Fiscalía. “La investigación está en curso y eso podrá derivar en más sumarios”, respondió sobre si seguirá apañando a sus directores.

Mazzoleni aseguró que sigue confiando absolutamente en sus viceministros Julio Rolón y Juan Carlos Portillo, pero remarcó que todos deben rendir cuentas al ocupar cargos públicos.

En otro momento dijo que los recientes números son inquietantes porque ponen en riesgo la cuarentena inteligente. Citó que hubo 70 nuevos casos activos, entre sin nexos y por contactos, en los últimos días, siendo que antes se tenía menos de 10 casos de estos tipos.

“Los próximos días serán cruciales para avanzar o no. Hoy vemos una preocupación por la relajación social. Esto refleja lo que pasó en la fase 1, necesitamos la próxima semana para evaluar la fase 2. Ahora se ve lo que ocurrió hace dos semanas con los reportes de los test”, dijo.

Los puntos objetados por la comisión liderada por Giuzzio:

Inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo Comité.

Incumplimiento de condiciones legales y técnicas del PBC por lo que no se ajustan a los requerimientos exigidos.

Inobservancia del art. 40 de la ley 2051 referida a la participación limitada de empresas y personas vinculadas entre sí.

Se observó que, a pesar de encontrarse en mora, según datos de la DNCP, seguían participando de llamados.

Falta de criterio para la fijación de precios referenciales, para el efecto se requiere de una mejor metodología y la adopción de una política de fijación de precios, a futuro.

Se advirtieron dictámenes sin fundamento técnico y falta de atención a las consultas de la DNCP.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.