La preocupación y el rechazo generalizado generó la sentencia de un tribunal que dispuso que el médico Miguel Cavallo condenado a dos años de cárcel realice 24 cirugías reconstructivas sin cobro de honorarios en el Centro Nacional del Quemado.

Ante el hecho, la asesoría jurídica de la cartera sanitaria buscará el mecanismo para que se revea la decisión y evitar que los pacientes sean intervenidos por el condenado, explicó el abogado Pablo Lezcano, asesor jurídico del MSP.

“Se tiene como medida la apelación del dictamen porque tampoco estamos a gusto con la sentencia sí con la condena que por primera vez en un caso similar se dio”, afirmó. Destacó que el malestar del director del centro de referencia doctor Bruno Balmelli es entendible atendiendo la complejidad de los casos que son atendidos en el centro de referencia.

El MSP reiterará al tribunal los antecedentes del médico ya que este no se encuentra acreditado ni habilitado para realizar cirugía alguna.

“Aún no fuimos notificados pero vamos a acercar toda la información sobre el doctor Cavallo y cuáles son las consecuencia de que cumpla esa sanción y que los jueces entiendan y lo tomen en consideración”, agregó Lezcano.

“Lo estamos estudiando técnicamente con el director, no estamos de acuerdo y no encuentro la manera de que se aplique la sentencia, cómo es posible darle pacientes a alguien que está siendo sentenciado justamente por el hecho de no poder ejercer la profesión”, manifiesta el abogado.

Aclaró que no desacatarán una medida judicial pero recurrirán a las instancias correspondientes para que se revea la sanción y se brinde tranquilidad a los pacientes.

“Es una situación difícil y ojalá que el tribunal pueda revertir esta situación porque se evidenció el hecho de que una persona ejerció la profesión sin tener registro”, agregó.

Cuando se inició la denuncia contra Cavallo se realizó un sumario sujeto al Código Sanitario y le fue aplicada la máxima sanción posible desde la cartera sanitaria y fue cuando se inicia el proceso legal.

Lezcano afirmó que las personas que dudan de la legitimidad de la habilitación de un médico de la especialidad que fuera pueden realizar la denuncia ante el MSP y la institución realizará la acción administrativa correspondiente. En caso de comprobarse que la persona no figura en los registros de profesiones o si el establecimiento no se encuentra en condiciones para prestar algún servicio médico como ocurrió con el consultorio de Cavallo, el establecimiento debe ser clausurado como ocurrió con el consultorio donde Cavallo atendía a sus pacientes.

Lezcano afirmó que los casos más frecuentes apuntan a las condiciones en las que prestan servicios los establecimientos y que se realizan las verificaciones al recibir una denuncia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.