Al cerrar el año 2018, la deuda con la industria farmacéutica por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) quedará en 50 millones de dólares, luego de los pagos que están previstos realizar en lo que queda de este año, totalizando USD 100 millones, explicó el doctor Carlos Morínigo, ministro de Salud.

Para honrar este compromiso se llevó a cabo plan de pago, con la colaboración del Ministerio de Hacienda, institución que colabora estrechamente para el pago correspondiente a los proveedores, indicó.

El titular de esta cartera refirió que durante esta administración los centros asistenciales públicos mantuvieron un importante stock de insumos y medicamentos y que no se llegó al desabastecimiento.

Según Morínigo, que la concurrencia de pacientes a los centros asistenciales públicos aumentó en un 500%, lo que disparó la alta demanda en insumos y medicamentos. “Con esta demanda pudo haber faltante de uno que otro ítem de medicamento, pero nunca hubo desabastecimiento”, aseguró.

Explicó que para mantener los servicios abastecidos se llevó a cabo una ardua tarea administrativa y con recursos necesarios para que los faltantes sean repuestos en tiempo y forma.

Con respecto a la falta de unidades de terapia intensiva, que incluso motivó a familiares de pacientes a solicitar apoyo a través de las redes sociales, afirmó que la solución no es crear unidades de cuidados intensivos “a mansalva”, sino más bien trabajar de manera coordinada, articulada y en conjunto como Estado en estrategias preventivas.

Recordó que el mayor porcentaje de camas de terapia intensiva están siendo ocupadas por pacientes de accidentes de tránsito, que pueden evitarse, así como las enfermedades no transmisibles (diabetes, hipertensión) que son totalmente prevenibles.

Insistió en que el trabajo debe ser intersectorial para lograr los resultados esperados. “Creo que esta administración tuvo más aciertos que errores. Hemos cumplido las metas que nos propusimos. La vara está muy alta en Salud Pública. El desafío es que la próxima administración sea mucho mejor que nosotros y vamos a colaborar para que eso sea siga adelante en beneficio de la ciudadanía y por el bien de la salud pública”, puntualizó el ministro saliente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.