La Dirección General de Gabinete incorporó este jueves a tres asesores y un diseñador gráfico, mientras que la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud fichó a un consejero. Todos los contratos serán por seis meses.

Geraldine De Mestral Rivarola, diseñadora gráfica, prestará servicios a la Dirección General de Gabinete por un sueldo de G. 19.800.000. Por otro lado, Ross Nicoll Ferguson Collins percibirá G. 30.000.000 por asesoría técnica. En el mismo cargo, Francisco Prisciliano Riveros Núñez tendrá una remuneración mensual de G. 24.000.000 y Claudia María Palazon percibirá G. 45.000.000.

Por otro lado, la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud fue contratado Luis Enrique Ramón Bolaños Zarza por G. 24.000.000 mensuales.

Riveros Núñez se desempeñaba anteriormente como informático en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (ex Senavitat). De acuerdo con documentos a los que pudimos acceder, fue trasladado y nombrado en el Ministerio de Salud con un sueldo de G. 8.900.000, bonificaciones por G. 2.699.000, más horas extras y adicionales por un total de G. 6.100.000. Percibía en total G. 17.699.000 y con la nueva disposición, su salario tendrá un adicional de G. 6.301.000, totalizando los G. 24.000.000 mencionados previamente.

De acuerdo con el exministro de Salud, dr. Carlos Morínigo, esta es una situación que se vive desde el periodo de transición. “Hay gente del primer anillo de Salud que no tiene idea de lo que es la administración en salud pública es por eso que se llenan de asesores sin darse cuenta de que dentro de la casa hay gente valiosa que puede llevar adelante el Ministerio. Tenemos técnicos excelentes, no necesitamos importarlos con jugosos salarios”, criticó en conversación con Diario Hoy.

La salud pública se encuentra en crisis. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente en Paraguay hay 22,5 agentes de salud por cada 10.000 habitantes. El 70% del personal de blanco se encuentra en Asunción, donde solamente reside el 30% de la población, dejando así a casi todo el territorio nacional sin atención médica de calidad.

“Con la situación que estamos atravesando hoy en día, no hay necesidad de contratar estos recursos humanos. Es una mala utilización de recursos y se debe justificar”, sentenció el exministro de Salud y añadió que las contrataciones por la vía de la excepción solamente se justifican cuando se trata de personal de blanco.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.