El Gobierno Nacional habilitó su plataforma http://www.rindiendocuentas.gov.py, la cual fue creada para hacer el control de los gastos durante la pandemia de COVID-19.

En dicha página web se visualiza que al corte del pasado 28 de abril recién se destinó la suma de US$ 633 millones, de los 1.600 millones previstos en la LEY N° 6524 que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay.

En el detalle de los desembolsos, Salud Pública aparece entre los organismos del Estado que menos ejecutó. Apenas utilizó US$ 99 millones de dólares de los 514 millones planificados. Esta situación se da en medio de dudosas licitaciones y reclamos del funcionariado de salud ante la carencia de los insumos necesarios para hacer frente al coronavirus.

Siguiendo con los desembolsos, se observa en la página web que para el funcionamiento del Estado se ejecutó US$ 51 millones de los 534 millones proyectados para esta emergencia sanitaria.

Para salvar a las Mipymes y la Capitalización de la economía, se usaron US$ 38 millones de los 64 millones que están previstos en la normativa que establece los recursos para el Gobierno Nacional.

En cuando a los subsidios de los servicios públicos para el sector vulnerable, se utilizó la suma de US$ 19 millones de los 62 millones estimados.

El único programa que fue exitoso, de acuerdo con el portal de cuentas del Gobierno, es el de la protección social. En ese sentido se invirtió todo el dinero previsto para el efecto, la suma de 426 millones de dólares.

CUESTIONAMIENTOS

A tan solo unas horas de haber sido lanzada al público, la plataforma creada por el gobierno es blanco de cuestionamientos por la falta de datos abiertos, tal y como lo prometió el propio ministro del MITIC, Alejandro Peralta Vierci.

Si bien esta herramienta web se destaca por su finalidad de brindar transparencia al proceso de control de gastos del Estado en el marco de la pandemia de COVID-19 -tal y como habían solicitados diversos sectores de la sociedad-, carece de importantes aspectos que deben ser corregidos para poder realizar un verdadero control ciudadano.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.