El doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, en entrevista con el programa “Cara o Cruz” fue consultado sobre el proceso de compra directa de insumos de emergencia por parte del Ministerio de Salud Pública que involucró a dos empresas (Eurotec S.A. e Insumos Médicos S.A.) salpicadas en un esquema de estafa y lesión de confianza.

Al respecto, explicó que en esta clase de procesos los cargamentos que llegan deben ser entregados en el parque sanitario y posteriormente un equipo de recepción (perteneciente a la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos) se encarga de evaluar varios aspectos de dicha carga, desde la parte documental hasta lo referente a las especificaciones.

En este caso en particular, cuando el equipo técnico fue a evaluar dos de los insumos que en primera instancia se entregaron (máscaras quirúrgicas y trajes de protección biológica) se pudo constatar que uno de ellos no reunía las especificaciones requeridas, mientras que el otro sí lo hizo pero, en contrapartida, tenía irregularidades en la parte del nombre y la marca que no eran los que figuraban en el contrato.

Rolón indicó que si esto ocurre, la propia ley les permite comunicar la situación a la empresa, a fin de que la misma pueda corregir esa la parte de los requisitos en un plazo determinado. Al mismo tiempo, la Dirección de Insumos Estratégicos toma la medida de comunicar a la empresa aseguradora que no se han cumplido en principio con las exigencias.

Tras darse esta comunicación a la empresa beneficiada en el proceso de compra, la misma debe cumplir con los procesos y entregar el producto adquirido por el Ministerio de Salud Pública, confirmó el viceministro de Salud.

En este sentido, el mismo aclaró que hasta tanto no se cumplan con los requisitos establecidos en la ley la institución no va a recibir los insumos adquiridos. “Esta semana va a ser clave para saber si vamos a recibir o no”.

Igualmente, aseguró que en caso de que la empresa no cumpla con las especificaciones previstas en el contrato suscrito con el MSPyBS, tendrán que rechazar nuevamente los insumos y, además, aplicarán la póliza de caución para recuperar lo que habían adelantado como parte de pago. Sobre este punto, Rolón mencionó que solo se hizo un desembolso de un adelanto del 20% y no la totalidad del monto previsto.

Destacó que son cinco instituciones o dependencias las que actualmente investigan este caso: la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud.

De acuerdo a la investigación realizada por el programa “La Caja Negra”, el Ministerio de Salud adjudicó, utilizando el mecanismo de contratación vía excepción, los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia en el marco de la pandemia de COVID-19 a dos empresas pertenecientes al mismo grupo de accionistas. En este caso, los contratos son por un valor total de G. 85.220.500.000 (equivalente a unos US$ 13.590.000).

Las empresas beneficiadas son Eurotec S.A., cuyo representante legal es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, e Insumos Médicos S.A., cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, hermana del citado anteriormente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.