La cartera sanitaria detalló que la malaria o paludismo es una enfermedad producida por un parásito llamado Plasmodium, que es transmitida a través de la picadura de mosquito del género Anopheles. En el país esta enfermedad fue considerada uno de los grandes problemas de salud pública en la década de los años 60, afectando a gran parte del territorio nacional.

El último gran brote de malaria se registró entre los años 1999 a 2000, periodo en que se confirmaron un total de 9.946 casos. A partir de ahí, y tras largas campañas de control, los casos se fueron reduciendo progresivamente a 3 departamentos: Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú.

Mientras, que el último caso autóctono de malaria en nuestro país se registró en el año 2011, desde entonces sólo se verifican casos importados de la enfermedad, es decir, en personas provenientes de otros países con transmisión activa de malaria, que ingresan a territorio nacional con la enfermedad. Posteriormente, en el 2018 Paraguay logró la certificación como país libre de malaria otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de una minuciosa verificación y evaluación realizada en territorio nacional.

Para abordar esta problemática, Salud Pública elaboró el Plan de prevención de la reintroducción de la malaria que actualmente se encuentra vigente, con el fin de fortalecer la capacidad nacional para detectar en forma oportuna los casos importados, diagnosticar, tratar, investigar y controlar a los mismos, a los efectos de evitar la transmisión local a partir de casos importados considerando que en gran parte del territorio nacional, tenemos presencia de vectores de la malaria.

Así también, se tiene activo el Comité Asesor Técnico de Prevención de la Malaria, que lleva adelante reuniones interinstitucionales para el delineamiento de estrategias y respuestas sobre esta patología a nivel país.

Sobre el plan, uno de los pilares fundamentales es la vigilancia de fronteras y de viajeros provenientes de áreas de riesgo para malaria, mediante el cual se busca captar a potenciales infectados con la enfermedad, asegurarles un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz en caso de resultar positivos, de forma totalmente gratuita.

Desde el año 2012 a la fecha se registran un total de 68 casos importados de malaria en Paraguay (en promedio, unos 6 a 7 casos por año). El 84% de los casos provienen de países del continente africano y el 16% de países de América, de los cuales, la mayoría corresponde a zonas amazónicas del Brasil.

En lo que va del año 2021, hasta la fecha, se registran 3 casos importados de malaria en el Paraguay. Todos los casos confirmados han recibido diagnóstico y el tratamiento correspondiente. Se han realizado las acciones de control, a modo de asegurar que no exista transmisión en la comunidad, a partir de ellos.

Países libres de malaria

Actualmente son 11 los países que fueron certificados por la OMS como “libres de malaria”, entre ellos figura Paraguay.

•Emiratos Árabes Unidos, en el 2007.

•Marruecos, en el 2010.

•Turkmenistán, en el 2010.

•Armenia, en el 2011.

•Kirguistán, en el 2016.

•Sri Lanka, en el 2016.

•Uzbekistán, en el 2018.

•Paraguay, en el 2018.

•Argentina, en el 2019.

•Argelia, en el 2019.

•El Salvador, en el 2021.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.