Álvaro Arias, abogado de dos de los tres alumnos del Colegio San José que fueron denunciados por la brutal golpiza a otro menor, sostuvo que no existen condiciones para calificar el hecho de lesión grave. Sustentó que se trata de una cuestión civil entre partes y que por lo tanto la Fiscalía no debe intervenir.

“¿Ruptura de tabique nasal es lesión grave?”, preguntó el defensor de los sospechosos. Respondió el mismo que a su parecer no lo es, porque para que lo sea debe haber peligro de muerte, pérdida de algún órgano o estar en reposo por un tiempo largo que cambie la vida de la víctima.

En charla con radio Monumental aseguró que ahora el médico forense determinará la situación y refirió que si solo es lesión, entonces tiene que presentarse una querella criminal, donde tiene participación directa un juez, sin la intervención de la Fiscalía, al no ser un hecho punible de acción penal pública.

“Esto (el caso) innecesariamente está en la Fiscalía porque es obvio que la lesión no fue grave, más allá del fondo de la cuestión y del hecho que indigna. Nosotros repudiamos la violencia, etc., pero hablando estrictamente de derecho, no debe estar el caso en la Fiscalía”, argumentó el letrado.

Arias también resaltó que se debe definir la participación de cada uno de los denunciados, ya que, según manifiestan estos, el responsable de la agresión sería una sola persona.“Los tres (denunciados) no estuvieron en la agresión, solo uno de ellos (quien no es su defendido). Uno de los alumnos que defiendo es líder de la hinchada y es integrante de la selección. Es injustamente acusado de haber agredido al chico solo por estar como líder”, indicó.

Por otra parte, respecto a la sanción realizada por la institución educativa contra los 16 alumnos que se encargaron del evento deportivo, sostuvo que están esperando ejercer el derecho a la defensa, atendiendo de que esta suspensión se dio únicamente porque integraban la comisión organizadora.

Si bien reconoció que el derecho a la educación no significa que necesariamente tengan que terminar en el mismo colegio, Arias sostuvo que hay una cuestión de “sentido de pertenencia y otros factores” en medio, por lo que argumentó que “si se presenta la expulsión, vamos a presentar una demanda si es necesario”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.