El INDI informó que autoridades del Ministerio de Salud, de la Dirección Nacional de Salud Indígena, del Hospital Regional de San Pedro, de Vigilancia Epidemiológica, agentes de la comisaría 32, fueron hasta la comunidad indígena Y` apy de Santa Isabel del distrito de Yrybycuá, San Pedro, con el objetivo de conversar con los miembros de dicha comunidad sobre la situación que atraviesan actualmente.

Los nativos indicaron que no están ajenos al protocolo sanitario, además expresaron a las autoridades que están abiertos a realizar un trabajo coordinado con los funcionarios de Salud, siempre y cuando los líderes políticos y religiosos acompañen los procesos de identificación de las personas que tuvieron contactos con los infectados dentro y fuera de la comunidad, respetando sus derechos autónomos y también a la organización comunitaria de acuerdo a sus creencias y pautas culturales.

Asimismo, los mismos eligieron a sus voceros para que brinden declaraciones a los medios de prensa.

Por su parte, las autoridades competentes colaborarán con la seguridad de la comunidad, por lo que se confirmó la contratación del doctor Héctor Vera (médico indígena).

El INDI informó que para mañana, 17 de julio, llegarán a la comunidad nativa la asistencia alimentaria para las familias.

El objetivo del trabajo es asegurar la protección de los nativos y la contención comunitaria para evitar un contagio masivo entre los miembros de la comunidad y fuera de ella.

Antecedente

Una mujer indígena de 69 años, fue hasta el hospital de Limpio para someterse a una cirugía de cadera. Antes del procedimiento quirúrgico se le practicó el test de COVID-19, según protocolo. El resultado dio positivo al virus por lo que fue enviada a un albergue a cumplir cuarentena.
Tras tomar conocimiento del hecho, el director de la II Región Sanitaria, el dr Ricardo Brasell indicó que se realizó el árbol de contacto de la paciente. Fueron aisladas 10 personas, entre familiares y vecinos de la misma.

Se realizó el hisopado y 8 de los 10 nativos dieron positivo al coronavirus por lo que se declaró emergencia sanitaria en la citada comunidad.

De acuerdo con el Monitoreo de Empleo Formal – Octubre 2025, elaborado por el Observatorio Laboral del MTESS, entre octubre de 2024 y octubre de 2025 la cantidad de trabajadores formales aumentó de 720.996 a 818.761, lo que representa más de 58.000 nuevos empleos formales en un solo año.

La tasa de variación interanual acompañó este crecimiento, pasando del 3,3% al inicio del actual gobierno al 7,6% en octubre de 2025, evidenciando un proceso de formalización cada vez más dinámico y sostenido.

Asimismo, desde el inicio de la actual administración, en julio de 2023, se generaron 111.123 nuevos empleos formales, con un salto de 707.638 a 818.761 cotizantes, lo que reafirma la consolidación de políticas que fortalecen el acceso a la seguridad social y el trabajo decente.

Del total de nuevos empleos generados en el último año:

67% corresponden a trabajadores mensualeros, es decir, cerca de 38.000 empleos estables.

24% a trabajadores a tiempo parcial (aprox. 13.000).

9% a jornaleros (aprox. 5.000).

Estos datos muestran que la expansión del empleo formal ha estado liderada por modalidades de contratación más estables, sin dejar de lado una diversificación hacia formas más flexibles.

Se trata del suboficial Freddy Alcides Martínez Ferrari, en cuyo poder se hallaron dos paquetes de cocaína, con un total de 2 kilos de la sustancia. La carga tiene un valor aproximado de entre 12 a 15.000 dólares.

El suboficial quien presta servicio en Pozo Colorado, transportaba los paquetes desde el Chaco, pero aparentemente de origen boliviano.

Al respecto, Francisco Ayala, director de Comunicación de la Senad, explicó a Universo 970 AM, que el hombre fue interceptado en la zona de los comedores de Remanso a bordo de un vehículo.

Se presume que el destino final era una red de microtráfico del departamento Central, donde aproximadamente se pretendía distribuir 10.000 dosis de la droga.

“Es un golpe considerable en lo que respecta al microtráfico. Lastimosamente un personal policial involucrado, lo que le hace mucho más grave al caso”, señaló Ayala.

Esta iniciativa, fundamentada en los artículos 172 y 175 de la Constitución Nacional, propone modernizar las herramientas de prevención del delito mediante el uso controlado de sistemas de grabación de imágenes y sonidos en espacios públicos.

Según la exposición de motivos, el proyecto surge ante la necesidad de regular el funcionamiento de las videocámaras que ya utilizan tanto la Policía Nacional a través del Sistema 911, como vecinos organizados y particulares.

El texto establece que la instalación de cámaras fijas requerirá autorización previa de la Policía Nacional, basada en criterios de proporcionalidad y estudios de mapas de criminalidad.

Un aspecto central es la creación de consejos vecinales con autoridades reglamentadas, que colaborarán con la Policía Nacional mediante un observatorio permanente de seguridad ciudadana, pudiendo incluso aportar equipamiento tecnológico.

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El proyectista, diputado Yamil Esgaib, refirió que la intención es “fortalecer la base de datos de la Policía Nacional”. Esto, según el legislador, implementando “la estrategia de que la gente que tenga cámaras mirando hacia el sector público, a la calle, deba comunicar a la comisaría que corresponde a su barrio”.

El documento que se encuentra en su primer trámite constitucional fue aprobado en general, y el pleno resolvió postergar por una semana su estudio en particular.