El Instituto de Previsión Social (IPS) intentó ceder las instalaciones del Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (CREAM), ubicado en San Bernardino, al Grupo San Roque para que lo convierta en un hospital covid, con la instalación de 200 camas en 15 días y cuyo contrato duraría seis meses.

El mencionado grupo empresarial emitió hoy un comunicado mediante el cual explica que el planteamiento se hizo para ayudar al Gobierno en la atención a los pacientes, ante la explosión de casos Covid y la alta ocupación de las camas.

La empresa privada lamentó que la búsqueda de una solución haya sido mal interpretada, pero se comprometió no obstante a seguir buscando otros mecanismos para poder paliar la grave situación que está atravesando el país.

A continuación transcribimos el comunicado

A fin de evitar malos entendidos y responder a ciertos cuestionamientos que surgieron, comunicamos que hemos dejado sin efecto el diálogo abierto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el IPS, que buscaba, más que nada, fortalecer el sistema sanitario con la readecuación del CREAM – Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor – en un hospital de emergencia.

Como es de público conocimiento, la crisis sanitaria por la que estamos atravesando está ocasionando una saturación de las camas disponibles en los establecimientos hospitalarios tanto públicos como privados.

Ante esta situación y en el contexto de la declaración de emergencia nacional decretada por el Gobierno Central, a fin de paliar en alguna medida las consecuencias, en el marco de una responsabilidad social, nos ofrecimos a coadyuvar en la gestión del Estado en materia de salud, a partir de una preocupación y pedido de colaboración que el Señor Ministro de Salud nos expusiera el día 12 de marzo del cte., en la reunión mantenida con los representantes de los sanatorios privados.

Este proyecto consistía en desarrollar un espacio de atención de contingencia para internación de pacientes de baja complejidad afectados por el Covid-19, con la reconversión del CREAM en un hospital campaña en menos de 2 semanas, aportando al sistema sanitario 200 camas más, asumiendo toda la inversión necesaria el GSR, con el compromiso de atender a pacientes del sector público en un 80%y del sector privado en un 20%.

Los servicios se iban a prestar en el marco del contrato que los Sanatorios privados tienen celebrados con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y por un plazo de 6 meses, prorrogable, mientras dure la crítica situación de falta de camas.

Lamentamos que la búsqueda del sano objetivo de paliar la falta de camas haya sido interpretada de forma equivocada. Seguiremos buscando la manera de ayudar a los pacientes con coronavirus desde el lugar que nos toca.

En una situación extraordinaria de esta envergadura, consideramos que los sectores públicos y privados deberíamos de trabajar en sinergia para superar el colapso total del sistema de salud.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.