Jorge Torres, periodista del Grupo Nación que destapó inicialmente el gran negociado y estafa al Estado paraguayo por los insumos chinos, charló con el programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM, sobre la leve sanción impuesta a cuatro funcionarios del Ministerio de Salud que llevaron adelante esta licitación plagada de irregularidades.

Al hacer un análisis de las 49 páginas de la conclusión del sumario administrativo, el periodista menciona que es “un juicio karape”, en el cual hay cuatro funcionarios denunciados, mientras que los que acusan se basan solo y exclusivamente en el lapidario informe de Contraloría, pero sin arrimar mayores pruebas, ignorando la denuncia penal presentada por Salud Pública ante la Fiscalía por este caso.

Citó además que el Art. 69, inc. C de la Ley 1626, establece las medidas administrativas a adoptarse en la Función Pública. En ese sentido se fijan las sanciones leves y las graves, tales como que el funcionario no pueda ascender, sea suspendido sin goce de sueldo por 30 días o que sea destituido sin la posibilidad de ocupar espacio público en el espacio de 2 a 5 años.

“Existen causales para aplicar esa máxima sanción (destitución) porque la conclusión del sumario establece que existió una falta grave”, remarcó Torres.

Aparece así la interrogante de por qué no se aplicó la máxima sanción. Al hacer una valoración desde la mirada política, según esgrimió el comunicador, en las primeras declaraciones de Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud, este había afirmado: “nosotros recibimos órdenes”. Además otros tres sumariados habían coincidido en sus declaraciones: “nosotros cumplimos órdenes porque esto vino de arriba”. Entonces -plantea Torres- hay que preguntarse quién fue la autoridad que dio dicha orden.

Siguió alegando que en el organigrama de un proceso licitatorio, alguien tiene que recomendar que se haga la compra. En este caso lo hizo la Dirección de Insumos Estratégicos, la cual está dirigida por el doctor Nery Rodríguez, quien no está sumariado pese a haber hecho la recomendación.

“Si llegamos a hilar fino, ahí se complica en serio. Lo lógico hubiera sido que el juez instructor preguntara quién dio la orden”, dijo el entrevistado y citó la participación de emisarios del propio Poder Ejecutivo, los cuales llevaron una carpeta de la empresa a la cual terminaron adjudicando la millonaria y fallida compra en el momento más crítico de la pandemia y el servicio público de salud. “No solo se llega al presidente de la República, sino que a sus parientes. Ahí se complica. Dijeron nos salvamos entre todos o nos vamos todos a la calle como mínimo o a la cárcel”, lanzó.

Otro componente que se dio desde el principio fue el argumento de que no existió daño patrimonial del Estado, según recordó Torres. “Fueron acomodando para que termine en esta historia luego de haber sido un completo escándalo. Hay pruebas a patada pero dicen que no las hay”, lanzó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.