Amín iba caminando por la avenida Colón y poco antes de llegar al colegio para su práctica un hombre lo tomó por la fuerza y lo introdujo en un automóvil y huyeron del sitio raudamente. El secuestro de Amín Riquelme se puso en marcha, pero secuestradores y familiares no tenían idea del fatal desenlace que iba a tener este hecho.

Ese lunes cayó la noche y Amín no regresó a su casa ubicada en las inmediaciones del Palacio de Justicia, sus padres se movilizaron entre los amigos y conocidos del niño para saber por qué no regresó, pero no tuvieron respuesta.

Recién al día siguiente y tras la denuncia policial a las 15:30 aproximadamente la familia del niño recibió la peor noticia. Amin fue secuestrado y se pedía un millonario rescate.

Ya con el asesoramiento policial se pidió la prueba de vida, para proseguir con las negociaciones. El secuestrador llamó un par de veces más ese día, pero después otra noticia fue la que sacudió a la familia Riquelme el miércoles 13 de octubre, en una fresca mañana con lluvia un hombre que llevaba a pastar a su vaca cruzó un patio baldío en la compañía Mora Cué de Luque y se topó con el cadáver de un niño. La policía se movilizó y también la familia Riquelme, poco después se confirmó que el cuerpo era de Amín.

En este sitio encontraron el cuerpo sin vida de Amín.

El reporte médico forense señalaba que el pequeño murió debido a que inhaló cloroformo en altas dosis. Los captores del niño tras llevarse al pequeño en la tarde del lunes 11 de octubre, enfilaron hacía la casa de seguridad ubicada en las afueras de la ciudad de Ypané, pero se presume que el menor luchó por escapar y hasta gritó, por lo que los secuestrados, le aplicaron una primera dosis de cloroformo, como no perdía el conocimiento le aplicaron una segunda dosis y eso fue mortal.

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La autopsia demostró que Amín murió entre las 12:00 y las 14:00 del día martes 12 de octubre, debido a que le suministraron una mortal dosis de cloroformo. El niño tenía en su cuerpo al momento de la autopsia 68 unidades de medida litro en sangre de cloroformo, cuando de 30 a 50 unidades de medida litro en sangre es considerada de alto riesgo en adultos. La dosis que recibió el Amín fue fulminante.

Para ese entonces la policía ya sabía que estaba tratando con inexpertos secuestradores y el 16 de octubre se siguió la pista de una de las llamadas de los delincuentes y en el barrio San Pablo de Asunción se detuvo a a Olga Viviana Benítez Pino, de 22 años, desde cuyo teléfono celular se llamó a la familia Riquelme para hacer el pedido del rescate.

Con esta detención se pudo saber que los secuestradores eran 10 personas y que casi todos eran agentes de tránsito de la Municipalidad de Asunción, pero lo más impactante de todo fue que los tíos de Amín eran los cabecillas del grupo.

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En cuestión de días la policía logró detener a Luis Fernando Giménez y Myriam Riquelme de Giménez, tíos de Amín, los agentes de tránsito Oscar Báez Benítez, Luis Martínez, Luis Roa Ferreira, Julio César Samudio Saldívar, Oscar Galeano Martínez, Arnaldo Cabrera Arévalos, Cynthia Rolón y Nidia Colmán.

Myriam Riquelme, hermana de Luis Riquelme, fue la que dio todos los detalles del movimiento de Amín y de los negocios de la familia para que su esposo Luis Fernando, quien con el resto de la banda planearon el secuestro.

Todo salió mal en este secuestro, desde la misma idea de cometerlo, pasando por la planificación y peor ejecución que terminó con la vida del menor

En el juicio oral que se llevó a cabo en abril de 2006, se pudo demostrar el atroz plan que llevaron adelante para secuestrar a Amín y cómo lo mataron en su afán de “hacerse millonarios” como ellos mismos afirmaron que lo harían al cobrar el rescate.

Luis Martínez y Arnaldo Cabrera en juicio oral confesaron haber sido parte del secuestro e implican a sus demás cómplices. Señalaron cuál fue el rol de cada uno y sindicaron a los tíos de Amín como los cabecillas. Es más, sindicaron a Luis Fernando Giménez, como la persona que “reclutó” a los diferentes miembros de la gavilla y que les asignó las tareas a desarrollar en el secuestro.

Luis Fernando Giménez, Óscar Báez Benítez, Julio César Samudio, Luis Roa Ferreira y Luis Martínez, fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio doloso, secuestro y asociación criminal, por lo que fueron condenados a 25 años de cárcel, más 10 años como medida de seguridad.

Óscar Galeano, Arnaldo Cabrera, Myriam Riquelme y Cynthia Rolón, fueron encontrados culpables de secuestro, asociación criminal, mientras que Nidia Colmán, secuestro en calidad de cómplice. Galeano fue condenado a 27 años de cárcel y el resto a 24 años de prisión. Estas penas fueron confirmadas en Apelación y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.