Un sábado por la tarde, en fecha 7 de marzo del 2020, en una conferencia de prensa convocada de urgencia, el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, junto al vice, Julio Rolón, comunicaban la detección del primer paciente con coronavirus.

Era un joven de 32 años proveniente del Ecuador, quien había consultado por un cuadro febril y por problemas de garganta. Su estado no llegó a ser grave. En aquel entonces, todos los funcionarios de salud y las personas que tuvieron contacto con el enfermo, permanecieron bajo monitoreo de la Dirección de Vigilancia.

En aquel entonces, ya se hablaba de la necesidad del lavado de manos y de la “etiqueta de la tos” (toser en la flexura del brazo). Sin embargo, se indicaba que el uso del tapabocas era exclusivo para quienes presentaban síntomas respiratorios, a fin de proteger a los demás.

El martes 10 de marzo, también por la tardecita, Mario Abdo Benítez declaraba por decreto cuarentena total y aislamiento social a partir del 11 de marzo por 15 días e implementaba el lema #Quedateencasa. Desde entonces todos los sectores económicos quedaban paralizados, incluyendo la educación en todos sus niveles.

Mario Abdo Benítez y su lema “Quedate en casa”.

Sin embargo, se esperaba que todo se reanude efectivamente en 15 días, pero para sorpresa de todos, el 28 de marzo, el Ejecutivo y su equipo comunicaban que la cuarentena total se extendía hasta el 12 de abril. “Después de escuchar los argumentos de todos los sectores. He decidido mantener el aislamiento total hasta el 12 de abril. Pido un esfuerzo más a todos! Continuemos solidarios con nuestro sistema de Salud”, escribía Abdo en su cuenta de Twitter.

Imagen con la que Abdo anunciaba la extensión de la cuarentena total.

En su artículo 1º, el decreto disponía restringir totalmente el tránsito de personas y vehículo y establecía que todos los habitantes debían permanecer en su residencia habitual y que solamente podían salir para desplazamientos mínimos e indispensables como la compra de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

Las pocas excepciones eran las autoridades nacionales, los trabajadores de medios de comunicación, de supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión de alimentos, fármacos etc.

Por otro lado, días antes de la extensión, es decir, el 26 de marzo, ya se promulgaba la ley que declaraba emergencia en todo el territorio nacional ante la pandemia del Covid-19. La legislación habilitaba al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales en lo presupuestario, lo fiscal y administrativo.

El Congreso aprobó un crédito de 1.600 millones de dólares por la emergencia, de los cuales, aproximadamente 400 millones eran para el Ministerio de Salud. Posteriormente llegaron otras medidas como la asistencia a los trabajadores suspendidos a través de un subsidio del IPS.

La economía vivió su peor época entre abril y mayo, a partir de lo cual empezó a reactivarse muy tímidamente con la “cuarentena inteligente”, aunque ciertos sectores nunca lograron recuperarse, ya que continuaban las restricciones para ellos, como por ejemplo, los de gastronomía, eventos y turismo, los últimos en ser habilitados al retorno.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.