A raíz de la falsa interpretación en la que incurrió el medio, el concejal de Asunción Rodrigo Bougermini de Avanza País presentó una denuncia por supuesto soborno en contra de empresario tabacalero José Ortiz, ya que en la publicación afirman en forma categórica que el “José” al que hacían mención en el audio era Ortíz pero que en realidad, según precisó Preda, estaban hablando del abogado José Almada, socio de Carmelo Caballero en el estudio jurídico y es quien lleva el caso Electrofácil.

El diario ABC Color puntualizó también en forma errónea que fue el empresario Ortíz quien supuestamente puso la cifra de los “120” para la compra de las imputaciones, mientras que al hacer el desglose de la charla que surge del audio claramente se entiende que es el monto puesto por Luis Saguier Blanco, antiguo dueño de Electrofácil, quien soporta un proceso judicial por el supuesto delito de estafa.

El abogado Preda señala además que las cuatro imputaciones que hacen mención en el audio son las que afectan a empleados de la firma.

A continuación el desglose del audio: los textos entre paréntesis son agregados de la redacción teniendo en cuenta las explicaciones del abogado Ricardo Preda.

Carmelo Caballero: Ahora hablamos con Jorge Oviedo. Me asusta un poco. Está un poco estresado. Quiere saber cómo quedamos con ese tema. Ahora le dije: ‘permitime na ir mañana con José (Almada)’ porque José mismo me dijo ‘tenemos que replantear esta cuestión, porque o si no podemos quedar mal’. Pero como fue él el que abrió la cosa, José tiene una estrategia de cómo pintar. De más está decir, vos no me preguntás, soy yo el que te dice, demás está decir vos estás en el equipo.

Raúl Fernández Lippmann: Yo sé, me siento luego parte del equipo.

Carmelo Caballero: Para que sepas nomás.

Raúl Fernández Lippmann: Te cuento que la vez pasada yo hablé con él, con Luis (Saguier Blanco). Me fui luego a Astoria (es un local cuyo dueño es Luis Saguier Blanco). Y le dije yo ‘este 120 se cortó de esta manera’. Ustedes dos, partner, recontra out. De esta jugada magistral acá fulano y cinco personal de la Cámara. (Caso Electrofácil llegó a la Cámara de Apelaciones en dos instancias, seis miembros en total, uno votó en disidencia, por ello se habla de cinco).

Carmelo Caballero: Brillante, brillante.

Raúl Fernández Lippmann: Si bien yo asumí, yo también recibí un chiquitito.

Carmelo Caballero: Súper, súper.

Raúl Fernández Lippmann: Para el manejo nomás…

Carmelo Caballero: Buenísimo, es brillante. Y ahora nosotros mañana, a las 9:00, nos espera en la escribanía (Jorge Oviedo Matto). Salimos de allí y te llamamos para hacer nuestra hoja de ruta.

Raúl Fernández Lippmann: Yo nomás, viste que estoy pensando, o sea yo le hablé a Aldo (Cantero, fiscal que tuvo a su cargo el caso Electrofacil) ahora que no se quede out o qué, chera’a. Bueno, pero eso escapa a nuestras manos.

Carmelo Caballero: Escapa, pero vamos a generar nomás otra vez. Aparte que él se fue a la casa de Jorge (Oviedo Matto). A Oviedo le va a dar. Que le dé cinco, 10, 15 ó 20 ya es otra cosa. Él canta 50. Pero lo que pasa es que él se fue a su casa, él se fue a su casa, a San Vicente. Y le dijo ‘quiero cuatro imputaciones a este, este, este y este’ (son los cuatro imputados empleados de Electrofacil que menciona el abogado Preda).

Raúl Fernández Lippmann: Y Aldo está con eso, eso también es cierto.

Por último, en todos los audios filtrados, en ningún otro lado se menciona otra cuestión que haga suponer lo que el diario ABC afirmó como la “compra de imputaciones” en el caso 31 M.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.