​Un total de 958 llamadas pidiendo ayuda o información sobre ese tipo de abusos fueron registradas en mayo por el programa Fono Ayuda 147, que brinda atención gratuita y confidencial a niños, adolescentes y otras personas que denuncien casos de violencia infantil.

Un mes antes, en abril, llamaron 754 personas, y en marzo 775, según el informe presentado hoy a los medios por Mariela Greco, directora de Plan Paraguay y por el titular de la Secretaría de la Niñez, Carlos Zárate.

Además, de enero a junio de este año se han registrado un total de 4.668 denuncias, más que en el mismo período de 2014, cuando se recibieron 4.097.

Durante la presentación de los datos se destacó que el aumento de llamadas es justo posterior a la divulgación del caso de una niña de entonces 10 años y que en abril estaba embarazada de 21 semanas tras ser presuntamente violada por su padrastro.

El caso conmocionó a Paraguay y provocó reacciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Parlamento Europeo.

Abrió además un debate público, ya que en Paraguay, con 6,7 millones de habitantes, en 2014 dieron a luz bebés vivos un total de 684 niñas de 10 a 14 años, cuyos embarazos a esa edad se consideran fruto de abusos sexuales y no de relaciones consentidas.

En ese sentido, el informe del programa Fono Ayuda, de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia con el apoyo de la ONG Plan Internacional, reveló que la mayoría de responsables de abusos a niños son personas de su entorno más cercano.

Entre julio y diciembre del año pasado, Fono Ayuda, que funciona 24 horas, siete días a la semana, detectó 14 denuncias contra padrastros, 12 contra vecinos, 10 contra padres y 10 contra tíos de niños abusados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.