Los altos costos de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer y la falta de provisión por parte del sistema sanitario tiene en vilo a los pacientes que se ven obligados a interrumpir los ciclos que deben cumplir para mejorar su condición de vida.

Mientras aguardan una respuesta a los reclamos y pedidos hechos a las autoridades, los pacientes que no tienen la posibilidad de comprar y acceder a los fármacos “se mueren”, sintetizó crudamente Maru Vera, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) que son tratados en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

La interrupción de los tratamientos es una incertidumbre que atraviesan los pacientes porque conseguir los fármacos para cada sesión por cuenta propia, se torna inalcanzable.

“No están al alcance de cualquier persona común más con esta época de recesión económica en los que muchos no pueden trabajar y somos una carga pesada para nuestras familias y no hay pollada ni hamburgueseada que pueda cubrir los gastos”, afirmó.

Entre muchos medicamentos necesarios, son tres los más costosos e imprescindibles como el TDM 1, Pertuzumab y el Fulvestrant requeridos para la continuidad de tratamiento de 20 pacientes que ahora no cuentan con la medicación y forman parte del pedido para que sean incluidos en el vademecum del MSP.

En el caso de Maru, paciente con metástasis de cáncer de mama, para un ciclo necesita una combinación TDM 1 con Fulvestrant y juntos ascienden a 40 millones de guaraníes y los tiempos en que requiere de estos medicamentos de dividen en 8, 15 y 21 días.

En los años de tratamiento y como no figuran en el listado de medicamentos del MSP lo consiguen a través de amparos judiciales y estos también tardan en resolverse y el tiempo pasa cada día para estas pacientes.

Lamentó que hoy hayan perdido a una compañera de lucha esperando la medicación para su ciclo de tratamiento. “Estamos enterrando a una compañera de 32 años, con tres hijas y no es como la gente dice que ‘tenía luego cáncer, se iba a morir nomás luego’. No, ella se pudo salvar si seguía un buen tratamiento. No es porque tenemos cáncer que vamos a morir, si estamos con un buen tratamiento podemos vivir bien pero los pacientes se siguen muriendo”, afirmó.

La mujer afirmó que no tienen alternativa de reemplazar la medicación debido a que al tener metástasis no tienen el mismo efecto y va dañando órganos vitales lo que reduce ampliamente la vida de cada paciente con cáncer.

“Este octubre no es tan rosa para nosotras, hay que ser realistas, quieren maquillar las necesidades y nuestro padecer es tratar de sobrevivir y detrás de nosotras nuestras familias”, agregó.

Ya se dieron conversaciones con autoridades del MSP para incluir estos y otros medicamentos en el vademecum pero hasta ahora no tienen una respuesta concreta y la esperanza es que antes de finalizar el año reciban la confirmación, indicó Maru.

En cuanto a equipos y estudios indicó que en el INCAN están recibiendo gracias a la tercerización.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.