La primera de ellas se encuentra en Varadero que opera desde marzo de 2021, y la de Bella Vista, cuya conclusión se prevé para el primer trimestre de 2023. Las dos ubicadas en Asunción.

En este caso – el de San Lorenzo – se trata de la primera en el país en realizar el tratamiento integral de los efluentes cloacales.

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Su diseño y tecnología permiten un completo filtrado y depuración de los residuos colectados a través de la red de alcantarillado sanitario, beneficiando directamente a 120.000 pobladores de esta ciudad, aunque –de modo indirecto- impactará positivamente en la vida de unas 600.000 personas.

Además, su puesta en servicio impactará de manera positiva en toda la cuenca del emblemático lago Ypacaraí –seriamente afectado por la contaminación-, de la cual forma parte, como afluente del arroyo Yuquyry. 

La infraestructura de saneamiento en San Lorenzo incluye, además de la PTAR, cuatro estaciones de bombeo, la rehabilitación de 24 kilómetros de tuberías de alcantarillado sanitario, y la instalación de 110 kilómetros de nuevas tuberías.

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La inversión total en las obras suma G. 156.032 millones. Esta cifra incluye la renovación y ampliación de la red de alcantarillado sanitario, la construcción de la PTAR, así como el reasentamiento de un grupo de 40 familias, que ocupaba el predio donde se ubica.

A cargo del Consorcio Sanitario San Lorenzo y con la fiscalización del Consorcio Nippon Koei Lac, los trabajos se financiaron con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

PROCESO DE TRATAMIENTO

*El ciclo arranca con una fase de pretratamiento –o tratamiento preliminar-, durante la cual los residuos sólidos son filtrados mediante un sistema mecanizado de rejas, que los irá reteniendo. A continuación, se eliminan la arena y las grasas, en un proceso de separación llevado a cabo en el desarenador/desengrasador.

*Una vez libres de estos elementos, los efluentes cloacales reciben un tratamiento para procesar la materia orgánica, a través de reactores anaeróbicos, filtros biológicos y decantadores. Superada esta fase, serán sometidos a una desinfección, antes de su vertido al arroyo San Lorenzo.

*Como resultado de todo lo mencionado, mejorarán también las condiciones ambientales del entorno, así como los indicadores de salud y calidad de vida de las personas residentes en el área de influencia de las obras.

La nueva PTAR reemplaza a la existente anteriormente, donde el proceso de depuración de los efluentes cloacales se realizaba mediante lagunas de oxidación o estabilización. El sistema estaba compuesto de tres lagunas, dispuestas en serie. La primera de ellas, denominada facultativa, y las otras dos, de maduración.

La antigua Planta fue construida en 1978 y tenía capacidad para brindar el servicio a unas 7.000 viviendas.

Sin embargo, a la luz del número de conexiones domiciliarias identificadas, servía a un total de 25.000. Estos datos dan cuenta de un nivel de capacidad totalmente superado, cuya consecuencia era el colapso permanente de los registros de las redes cloacales de la ciudad.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.