La promesa del nuevo tren de molienda que adjudicó en diciembre del 2021 quien hasta hace una semana era todavía presidente de Petropar, Denis Lichi, se tradujo en un clavo para la empresa estatal y para los miles de cañicultores que tenían la esperanza de contar con una moderna planta de molienda que devore su producción.

Según el contrato, el plazo de entrega de la obra era de 12 meses; “incluidas todas las pruebas, habiéndose satisfecho todos los requerimientos indicados”, pero a dos meses de fenecer el tiempo contemplado en el documento, no se ha colocado un solo material en el lugar.

Lichi había beneficiado con el contrato por valor de G. 195.299 millones, unos US$ 28,7 millones a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), firma atribuida al señor Alberto Palumbo, amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en tiempos en que este estaba en una fuerte campaña como precandidato a la Presidencia de la República para el 2023. La adjudicación fue muy cuestionada porque su costo es 6 veces más caro que infraestructuras del mismo tipo erigidas en el mercado brasileño.

El millonario contrato contempla un jugoso anticipo equivalente al 20% del monto total del convenio, que se desembolsó con celeridad sin que se vieran mayores avances en contrapartida.

Lichi aceleró el pago y en febrero del 2022 quedó registrado el pago de G. 36.757 millones, que sumado a otro desembolso en agosto último, transfirió G. 41.652 millones a favor del proveedor amigo y con este dineral lo máximo que hicieron es el terraplenado que incluso todavía se bordea de zonas de charco.

“Hicieron un terraplenado, US$ 6 millones se llevaron esa gente y solo quedó un hermoso terraplenado que se usa como estacionamiento hoy día”, dijo el presidente de los cañicultores, Edgar Ortiz.

El gremio se reunió el viernes pasado con las autoridades de Petropar, el nuevo presidente de la petrolera estatal, Pedro Román, quien no supo confirmar cuándo realmente iniciará la obra.

“Nos reunimos esta vez Ruta PY-02, en el cruce San Pedro, nos reunimos con el presidente actual y su comitiva. Dijeron que fue el problema de la administración de Lichi, que se hizo el llamado, se adjudicó y se firmó el contrato”, sostuvo Ortiz al ser consultado sobre las respuestas que obtuvieron los productores.

El gremialista lamentó la situación y dijo: “Esto nos va a llevar otra vez a la liquidación de los pequeños productores porque no podemos vender nuestra producción. La fábrica actual es obsoleta, no puede adquirir no más nuestra producción”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.