​Los manifestantes, que integran la plataforma Congreso Democrático del Pueblo (CDP), instalaron este lunes varias carpas en la plaza de Armas de Asunción, así como al costado de la ruta en varios puntos del interior de Paraguay, dijo a Efe Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Pyahurá (Paraguay nuevo, en guaraní) y uno de los componentes del CDP.

Protestan contra lo que consideran la “militarización” del país, especialmente en los norteños departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, algunas de las zonas más pobres del país y consideradas como bastiones del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que el gobierno atribuye 42 asesinatos desde su creación en 2008.

La ley de Defensa paraguaya, modificada a los pocos días de la llegada de Cartes al poder en 2013, prevé emplear al Ejército paraguayo en casos de “agresión interna” como el terrorismo y las “amenazas o acciones violentas” contra las autoridades sin necesidad de imponer un estado de excepción.

Para los miembros del CDP, que engloba a una treintena de organizaciones, esta situación conduce a la “zozobra de la ciudadanía” por el temor a la “fuerza represiva” de los militares.

“El pueblo no paga el salario a los militares para que se vayan al norte a cuidar de las vacas de los ganaderos, los latifundistas y los mafiosos, sino para que defiendan la soberanía”, enfatizó Flecha.

Aseguró, además, que en el norte del país “es necesaria la presencia de autoridades de los ministerios de Educación, Salud, Agricultura o de Obras Públicas, pero no de los militares”.

Por otra parte, el CDP se opone también a la ley de Alianza Público-Privada, aprobada por el Gobierno de Cartes en 2013 y que habilita la participación de empresas privadas en la construcción y gestión de obras y servicios públicos.

Sindicatos y partidos de izquierda consideran que esta ley es una “privatización disfrazada”, mientras que el Gobierno la presenta como una oportunidad para los inversores extranjeros.

El CDP opina que esta ley “es un atropello a la soberanía nacional” y significa la “entrega del patrimonio de Paraguay”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.