La normalización de relaciones sobre todo entre niñas y adultos y considerarlas como consentidas no es tal, son un delito y deben ser denunciadas las situaciones que muchas veces son de público conocimiento en las comunidades donde residen las víctimas, explicó la Coordinadora de los Dispositivos de Respuesta Inmediata (DRI), Leticia González del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA).

Al respecto, un equipo multidisciplinario del ente estatal protegió a dos niñas de 12 y 14 años que resultaron embarazadas tras ser sometidas sexualmente, estos casos fueron derivados al Ministerio de la Defensa Pública además de realizar la protección inmediata de las víctimas con la articulación de todas las instituciones jurisdiccionales. González explicó que ambos casos eran de público conocimiento en sus comunidades y eran vistas como relaciones consentidas.

Destacó que el Artículo 135 del Código Penal habla expresamente de que el adulto que realiza actos sexuales con un niño, niña, adolescente o lo indujera a realizarlo será castigado con pena privativa de libertad. “Esto quiere decir que bajo ningún sentido se puede hablar de consentimiento cuando involucra a niñas, niños y adolescentes”, aclaró la profesional.

La cantidad de casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos en todos los ámbitos, se hace un llamado a la ciudadanía para desterrar la naturalización de este flagelo tan arraigado en la cultura, indica González.

“Tanto los adultos, como las niñas, niños y adolescentes deben conocer el peligro que implica “acostumbrarse” a, conocer acerca de casos de abuso y callarlo. Es un delito y se debe denunciar. Asimismo, los funcionarios de cualquier institución que conformen el sistema nacional de protección tienen como obligación estar sensibilizados ante esta problemática para aportar mayor celeridad en las gestiones, teniendo en cuenta la delicada naturaleza de la situación. El Art 135 de Código Penal es claro respecto a esta temática”, señaló.

A partir de que las situaciones de abuso sexual infantil sean vistas como delito y no como algo “normal”, permitirá comenzar a enfocar la problemática desde la perspectiva de protección de los derechos.

“Está más que comprobado que el abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes genera consecuencias devastadoras en su presente y futuro que difícilmente se logra revertir, de allí el énfasis que ponemos en la necesidad de que todos seamos artífices de su protección”, aclaró.

Aclaró que en los casos de las dos niñas víctimas de abuso, las acciones tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Defensa Pública y el Juzgado contaron con la colaboración y como contralor al MINNA para precautelar el interés superior de ambas niñas.

Para denuncias, el Servicio de Fono Ayuda 147 está disponible las 24 horas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.