Celina Lezcano, titular del Ministerio de la Mujer, destacó que con el lanzamiento de la campaña #ViolenciaVisible, se busca es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre las alertas que se dan en una relación violenta de pareja y que también afecta a niñas.

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“Estadísticamente y las evidencias demuestran que los victimarios son parejas, exparejas o conocidos del entorno familiar cercano de la víctima”, indicó.

Lezcano señaló, a modo de frenar la violencia y casos de feminicidio en el país, el Ministerio de la Mujer trabaja de cerca con el Banco Mundial (BM) en la sistematización de los casos ocurridos en el país mediante el Observatorio de la Mujer en la sección Datos del Ministerio de la Mujer, que se encuentra en la margen derecha de la página web.

Este Observatorio de enero a la fecha registró 33 feminicidios y 67 huérfanos que son víctimas indirectas de este flagelo, datos que casi empatan con los registrados durante todo el año 2021, periodo en el que se registraron 35 fallecimientos y 67 huérfanos.

“Sabemos que ya estamos próximos a las fiestas de fin de año y estos dos últimos meses del año son muy importantes ya que suelen aumentar los casos de violencia y feminicidio en el país, por lo que apuntamos con esta campaña a la prevención y que todos tengamos esa participación en denunciar si sabemos que alguna amiga, compañera, vecina o conocida está atravesando una situación de violencia”, explicó.

Recordó que la Línea 137 (24 horas al día – 7 días a la semana) es la habilitada por el Ministerio de la Mujer para canalizar las denuncias vía telefónica, así también el 911 de la Policía Nacional.

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Además, las Secretarías de la Mujer que se encuentran habilitadas en 100 municipios a nivel país, en el Centro Ciudad Mujer (CCM) de Villa Elisa, así también por medio del Centro Ciudad Mujer Móvil que recorre el país, en las Fiscalías barriales y las Comisarías y Defensoría del Pueblo.

Resaltó la importancia y el compromiso que deben asumir cada una de las instituciones del Estado para dar cumplimiento pleno a la Ley N°5777/16  que en su artículo 5 define la violencia contra la mujer, que se entiende como “la conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su condición de tal, en cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de relaciones desiguales de poder y discriminatorias”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.