El 2 de diciembre pasado se firmó el acuerdo entre Petropar y Texos, donde también estuvo involucrada la Procuraduría General de la República, pero el programa La Caja Negra, emitido por Unicanal el 22 de diciembre dio a conocer que el acuerdo extra judicial era una maniobra para desangrar al Estado y el dinero se iban a repartir en gran medida entre abogados que nada tenían que ver en el caso.

Sergio Coscia, quien era el procurador y que fue la persona que insistió para que se firme el acuerdo anti patriota dos días después de la publicación del caso tuvo que anular el documento y luego renunció al cargo, pero la Senac, pidió los antecedentes del caso e inició una investigación que ahora llegó a su final.

En su informe la Secretaria Anticorrupción hace un relato de cómo se inició este proceso en el 2010 y que hace un seguimiento judicial del expediente, ya que el argumento con cual Coscia armó toda la trama para llegar a la firma del acuerdo decía que el caso estaba por ser ganado por Texos Oil en la justicia y que el Estado iba a terminar pagando unos US$ 31 millones y para evitar eso se pactó entregar solo US$7 millones, sin embargo con lo que señala la Senac eso no es verdad.

“Conforme a las documentaciones remitidas por Petropar a la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) relacionados con el caso Texos SRL, no se han agotado las instancias judiciales del debido proceso y no se observa la participación de la Asesoría Jurídica de la empresa y su dictamen correspondiente en relación a la resolución del caso…” dice una parte del informe de la Senac donde se confirma que para llegar a firmar el acuerdo anti patriota no se tuvo en cuenta ningún dictamen jurídico, para saber si el caso estaba por ser perdido en tribunales, tampoco hay un dictamen tributario, ni financiero que puedan avalar el millonario pago.

En otra parte del acuerdo Petropar, la Procuraduría y Texos, se comprometen a pagar al abogado Abel Germán Ávalor, la suma de US$ 2,8 millones, como honorarios profesionales y acordados en un pacto de cuotas litio, pero el profesional del derecho es empleado público comisionado en la Contraloría General de la República y se iba a llevar una millonaria suma de dinero del Estado que es su empleador. También es un punto resaltado en el informe y se pide que se investigue lo ocurrido con este abogado.

Ante todos estos hechos señala el informe que se debe indagar en forma profunda administrativamente a la Procuraduría General de la República y a Petropar para establecer la responsabilidad de todos los funcionarios que intervinieron en el caso y se apunta que desde la perspectiva penal acá se podría estar dando el hecho de lesión de confianza.

Ahora la pelota está en el Ministerio Público que tiene que abrir una investigación y llegar a ver si se cometieron los hechos punibles señalados por la Senac. La renuncia de Sergio Coscia al cargo no le exime de ser investigado, el presidente de Petropar Denis Lichi por su parte nunca renunció, ni fue destituido, pese a ser parte fundamental de este acta antipatriota.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.