Un equipo de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad llegó hasta el domicilio de la familia Pereira, para relevar los datos e interiorizarse del caso de manera puntual de modo a establecer el tipo de atención y asistencia a ser brindada.

Mabel Velázquez, jefa del Departamento de Trabajo Social, y Rodrigo Franco, médico fisiatra de la institución, constataron el cuadro de Richard y a priori indicaron que la situación es crítica pero destacaron que habla y se mueve en la parte superior.

Estos profesionales presentarán un informe final y luego la Senadis podrá a disposición de la familia el tratamiento de rehabilitación y la entrega de ayudas técnicas (productos de apoyo) en caso de requerirlo, dado que la Policía Nacional también se puso a disposición para cubrir estas necesidades que tendrá este joven de aquí en más.

“Esta es una situación muy especial y que probablemente requiera una atención prácticamente permanente. Por ello la Senadis ya se puso a disposición de la familia para todo el tratamiento que requiera, tanto en materia de rehabilitación como para la provisión de ayudas técnicas, que son elementos que le permitirán mitigar los efectos de este episodio desgraciado. Desconocemos los pormenores de lo que la familia y la Policía Nacional estén conversando sobre la atención a Richard y al margen de eso, nosotros ponemos a disposición a nuestros profesionales y nuestra infraestructura”, manifestó el ministro Diego Samaniego.

POLICÍAS MINTIERON

Un video captó el momento en que Richard Pereira (25) recibió un balazo del suboficial Johnny Orihuela, ayudado por su jefe el comisario principal, Jorge Ignacio Zárate. En el material se observa que el joven no pone resistencia ante la intervención policial, contradiciendo la versión de los uniformados. A consecuencia del disparo, la víctima quedó parapléjica.

Según las imágenes, Richard detiene su automóvil sobre 24.ª Proyectada y Pa’i Pérez, el fin de semana pasado. La patrullera de la comisaría 4.ª Metropolitana llega detrás con sus ocupantes, el comisario principal, Jorge Ignacio Zárate y el suboficial Johnny Orihuela.

Este último es quién confesó haber disparado pero, según él, no contra el joven. En el video se ve cuando el joven de 25 años baja del rodado, sin poner resistencia y sin arma de fuego. También desciende el suboficial y ahí se registra el disparo.

Luego ya se observa a los uniformados subir a Richard a la patrullera, con destino al centro asistencial. El chico quedó parapléjico (paralítico), ya que la bala le destruyó los nervios de la columna.

La Fiscalía confirmó que Richard no estaba armado y que los policías plantaron evidencias. Tanto Zárate como Orihuela fueron separados de sus cargos e imputados por cuatro hechos penales. La fiscal Pamela Pérez solicitó al juez Paublino Escobar la prisión preventiva de los agentes.

El suboficial primero fue imputado por tentativa de homicidio, lesión grave en carácter de autor, persecución a inocentes y simulación de hecho punible en carácter de coautor, mientras que, el comisario principal por persecución de inocentes, simulación de hecho punible en carácter de coautor, denuncia falsa, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y frustración de la ejecución penal en carácter de autor.

Ambos policías están recluidos en la Agrupación Especializada, mientras dure la investigación fiscal. Por su parte, el padre del joven parapléjico denunció que testigos del hecho están siendo intimidados por supuestos agentes. “Les siguen, les rondan, siempre se mantienen a dos o tres cuadras de ellos; hacen movimientos intimidatorios, se hacen mostrar, como diciendo ‘acá estoy’”, manifestó.

Dijo que sintió “asco” al ver a los policías (Orihuela y Zárate) que balearon y dejaron paralítico a su hijo, cuando comparecieron ayer en Tribunales. “Me dio asco, no sé por qué tuve esa sensación, ni siquiera sentí odio sino asco”, expresó. Agregó que Richard aun no sabe que no volverá a caminar jamás. Volvió a pedir justicia para su hijo y que los responsables sean castigados con penas ejemplares. “Que los infelices vayan a Tacumbú”, enfatizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.