La fiscal anticorrupción, Victoria Acuña, presentó acusación por lesión de confianza, inducción a un subordinado a un hecho punible y cobro indebido de honorarios, contra el excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea, la ex vice contralora Nancy Torreblanca de Villalba, Roberto García Gaona, Luisa Almada Irala y Celia Cardozo Ríos.

Entre los casos de planillerismo que salieron a luz destacó el nombre de la apodada secretaria VIP, Liz Paola Duarte, que según los papeles trabajaba “27 horas extras al día” y percibía al mes la suma de 37 millones de guaraníes, aunque las cámaras de seguridad captaron que se presentaba para marcar y posteriormente se retiraba.

Las pericias encabezadas por el Ministerio Público revelan que el excontralor no solo estuvo al tanto de los casos de planillerismo, sino que él mismo firmó la autorización para realizar los trabajos en forma extraordinaria y extraoficial en el ente contralor, pese a que los trabajadores no se presentaron a sus respectivos puestos de trabajo desde enero del 2014 hasta mayo del 2015, más de un año y medio, sin la presentación de justificación alguna.

Son nueve los funcionarios señalados como planilleros, que fueron identificados como Liz Paola Duarte Meza, Reinaldo Eduardo Gadea Mongelos, Horacio Coelho De Souza, Alicia Acevedo González, Richard David López Benítez, Leonardo Ariel Núñez Jara, Pedro Francisco Jara Cassa, Hugo Cesar Medina López y Ana María Monges Rejala, todos fueron acusados por cobro indebido de honorarios.

La Fiscalía requirió la apertura a juicio oral y público de la causa afirmando que existen elementos suficientes para comprobar la existencia de loe hechos punibles.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.