Desde el próximo 15 de febrero, todas las naftas tendrán un nuevo costo para el con­sumidor final, tras disposi­ciones que se establecen el Impuesto Selectivo al Con­sumo (ISC), señaló el titular de Distribuidoras de Com­bustibles Asociadas del Para­guay (Dicapar), Guillermo Parra. El anuncio fue ayer luego de que se interrumpiera la reunión desarrollada entre el gremio de combustibles, el subsecretario de Estado de Tributación, Óscar Orué, y el director de Aduanas, Julio Fernández.

Dijo que el Estado es intran­sigente y que no quiere entender las explicaciones que desde el gremio se hicie­ron y que los usuarios debe­rán pagar el sobrecosto que implican estas reglas que se encuentran dentro del ISC. “Aún no sabemos de cuánto será el incremento, pero desde este momento vamos a empezar a analizar y en su momento lo vamos a hacer público para su cono­cimiento”, manifestó Parra.

Los últimos días del año pasado, se realizó la primera reunión en la que el gremio solicitó eliminar los cambios establecidos en el Decreto N° 3.109/19, ya que los mismos forzarán un incremento del precio de los combustibles de entre G. 500 y G. 1.500 por litro para el consumidor final. Esa vez se decidió suspender por 45 días la aplicación de los artículos 14, 15 y 16.

El viceministro Orué señaló que la reunión quedó en un cuarto intermedio y que entre mañana y el jueves se hará otra reunión. Explicó que el sector de combusti­bles no entiende que se debe pagar impuesto por la venta del combustible ya transfor­mado (nafta 88, 90 y 97 octa­nos).

Dijo que el 20% que el importador paga en aduana es un anticipo de lo que deberá abonar por la venta de las naf­tas al público, según indica el Decreto Nº 3.109. “El artículo 107 señala que por tratarse de productos gravados por este impuesto que por su proceso de industrialización o cual­quier tipo de transformación hayan sido modificados en su estado, en sus propiedades o en sus características se con­sidera un nuevo producto y es aquí lo que ellos no conside­ran porque ya pagan el 20% en la importación de nafta vir­gen, pero al mezclar con alco­hol y generar una nafta con octanaje ya es un producto nuevo y su comercialización debe ser gravada”, manifestó.

Agregó que las naftas de hasta 88 octanos pagan 24% por la comercialización, las naftas con o sin plomo desde 88 octa­nos hasta 96,9 octanos es del 34% y aquellos que sean supe­riores a los 97 octanos paga­rán un 38%.

DISPOSICIÓN DEL DECRETO Nº 3109

Uno de los artículos cuestionados por el gremio es el artículo Nº 16 del Decreto Nº 3109/19. Explica que en importación de la nafta virgen el importador o distribuidor que hizo la transformación de esta nafta con o sin plomo de 85 octanos como mínimo; nafta de hasta 88 octanos; naftas con o sin plomo de más de 88 octanos hasta 96,9 octanos y la nafta sin plomo de 97 octanos o más deberá: primero en la Aduana, liquidar y abonar el impuesto tomando como base el valor aduanero expresando en moneda extranjera determinando por el servicio de valoración aduanera, de conformidad a lo dispuesto en el 2º párrafo del Art. 112 de la ley.

Luego, en tributación liquidar el impuesto en forma definitiva dentro del mes siguiente de la enajenación, y abonar el ISC con el promedio de venta al público en la boca de expendio al público.

El impuesto ingresado en la Aduana constituirá un anticipo del impuesto que corresponde abonar por la enajenación del bien final producido en el país. Constituirá anticipo el ISC abonado al momento de la importación de otros tipos de combustibles que se usaron al momento de la transformación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.