El economista hizo referencia a los planes que tiene en carpeta el gobierno de Mario Abdo Benítez en relación a la reactivación económica.

Fernández Valdovinos dijo que “la interrogante es saber si el Estado es el que va a gastar más o es el sector privado el que va a empezar a funcionar…”

“La economía se irá normalizando de a poco, pero es necesario saber cuál será el plan de vuelo del gobierno en este proceso de recuperación”, sostuvo.

Fernández apunta a que el sector privado sea el principal responsable del resurgimiento financiero en Paraguay, pero aseveró que necesitan apoyarse en mecanismos que garanticen esa rehabilitación.

Sobre el punto indicó que “el sector privado es el que siempre nos quita de los colapsos económicos. En el 2002 por ejemplo nos salvó de la crisis y ayudó que la economía resalte a nivel internacional”.

“Con el ministro Dionisio Borda, el Ministerio de Hacienda ensayó una política robusta. Se ordenó la casa poniendo una política fiscal sostenible que evitó nuevas moratorias en las deudas”, recordó, haciendo además énfasis en que ahora debería ejecutarse un plan similar y acorde a la coyuntura actual.

Carlos Fernández insistió en que “la gestión fue la gran falla del gobierno”, pero exceptuó al Ministerio de Hacienda.

“Hacienda lo que debe hacer es conseguir plata y los demás órganos tienen que saber ejecutar ese dinero. En ese sentido, el Ministerio de Salud mostró una gran incapacidad de ejecutar una licitación”, indicó.

Añadió que “nos endeudamos por dos mil millones de dólares con la ley de emergencia, otros 500 millones de bonos de enero y 350 millones más que totalizan casi tres mil millones”.

“Ahora con 2500 millones en un plan veremos la capacidad de gestión y ejecución para que la economía tenga efecto”, señaló.

El ex titular del BCP consideró que “el Estado es muy pequeño para el tamaño de la economía” y argumentó eso recordando que “en abril se pagaron los sueldos, las inversiones públicas tuvieron una buena dinámica con un crecimiento del 37%, las actividades se incrementaron, pero tuvimos una caída del 12% según el BCP”.

“Eso nos indica que el Estado es pequeño. Entonces es el sector privado el que nos va a llevar a la recuperación”, refirió, insistiendo en que para eso esta plataforma social necesita saber la hoja de ruta del gobierno.

“¿Seguiremos con este agujero fiscal y por cuánto tiempo? Eso necesitamos ver como ocurrió en el 2002. El sector privado debe saber eso para empezar a generar empleo y cerrar los problemas con los que tropezamos ahora”, resaltó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.