La información fue confirmada por el comisario Gilberto Fleitas a la 730 AM. Dijo que algunos de los detenidos tienen antecedentes penales y otros no, datos que serán cotejados en base al sistema informático de la Policía.

El uniformado sostuvo que dos cayeron en Hugua Ñandú, tres en la zona de Alemán Cué y otros dos en Concepción. En total fueron siete detenidos, pero uno logró escapar de los intervinientes. Se trata de Gabriel Gutiérrez Jara.

Afirmó que uno de los involucrados es el concejal de Paso Barreto, Martín Soria Cristaldo, afiliado a la ANR. El edil colorado aparece en el cruce de llamadas.

Otro detenido fue identificado como Nelson Navarro, de profesión abogado. En una de las viviendas allanadas por los intervinientes hallaron celulares utilizados, para coordinar el secuestro y la negociación.

También “cayeron” Arnaldo Barreto Ojeda (supuesto captor y negociador), Osmar Barreto Ojeda y Juan Giménez (serían custodios) así como Alicia Gutiérrez (a su nombre está uno de los teléfonos).

El ganadero Rómulo Rojas fue tomado por sus captores en su estancia “Santa Catalina” el pasado martes 19 de julio, junto a su capataz Modesto Antonio Alfonso. Por la liberación exigieron la suma de US$ 100.000, que no se pagó porque los secuestrados consiguieron liberarse.

INTENDENTE SORPRENDIDO

Bruno Piccinini, intendente de Paso Barreto (Concepción), no pudo salir de su asombro al enterarse que su correligionario Martín Soria Cristaldo tendría implicancia en el plagio del ganadero Rojas. El hombre es concejal municipal por el Partido Colorado.

En conversación con la misma emisora, refirió que conoce al edil hace cuatro años y que integraba el movimiento Honor Colorado. “El concejal es comerciante en Hugua Ñandu (…) Me sorprende la situación, me entero de la situación por ustedes”, declaró el jefe comunal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.