En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el ministro Juan Marcelo Estigarribia, de la Sedeco, indicó que hasta la fecha “no encontramos nada irregular, todo está dentro del margen legal” en las farmacias, tras las denuncias hechas por los familiares de los internados por Covid-19, referente a supuestos sobrecostos en los medicamentos e insumos. “Se hizo la contabilidad y todo estaba dentro del margen”, agregó.

La autoridad de defensa al consumidor explicó que en estos casos denunciados pudieron darse “malos entendidos” ante la falta de información a la ciudadanía de parte de estos establecimientos. En ese sentido explicó que debe tenerse en cuenta que los productos nacionales son más baratos que los importados del extranjero por la logística que ello conlleva. “Yo puedo ir por la mañana a comprar un medicamento nacional y por la noche de vuelta voy pero me venden el importado que está más caro. Entonces ya presupongo que hay sobrefacturación”, detalló.

Así también Estigarribia mencionó que las farmacias tienen sus días de descuentos, por lo que algunas veces se encuentra el producto más barato.

Para saber el tope de los precios, la Sedeco habilitó una plataforma en su página web para buscar el nombre comercial o genérico de la droga entre unos 10.000 ítems, de modo a saber cuál es el precio máximo de ese producto. “Las farmacias no pueden pasar un 100 guaraní de lo que figura ahí, no pueden salir con la excusa de la logística o por usar tarjeta de crédito”, aseguró.

Respecto a los sanatorios privados, el entrevistado indicó que tampoco se hallaron irregularidades. Al respecto contó que se remitieron legajos a la Superintendencia de Salud sobre reclamos de sobrefacturación en los sanatorios Adventista y La Costa y que dicha instancia de control hizo una auditoría y constató que todo está dentro del marco legal.

REGULAR EL DERECHO A LA ADMISIÓN

Por otro lado, adelantó que planteará una propuesta de ley para regular el derecho a la admisión a los establecimientos privados, al considerar que son actos discriminatorios. “No puede ser condicionante prometer una suma de dinero para que ingrese un familiar a una cama de UTI. Para nosotros es un abuso demasiado grosero”, dijo.

También reconoció que se debe revisar la medicina prepaga por cuestiones abusivas y recordó que existen sanciones a varias compañías por situaciones como la renovación automática, falta de información de la cobertura, entre otros.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.