En ese momento, Abdo Bení­tez prometió a sus seguido­res que todos ellos tendrán comunicación fluida con la Presidencia, al menos los que sean dirigen­tes colorados. Hasta resaltó cómo pro­cederá en el caso de que algún ministro no les responda.

Poco después de ganar las elecciones presidenciales, Abdo Benítez comenzó a dar las primeras señales de que volverían los pañuelos rojos a las oficinas estatales. Al cri­terio de idoneidad establecido en la Constitución Nacional como único y esencial requi­sito para acceder a los cargos públicos, Marito le agregó afi­liación, lealtad y pago de favo­res.

A continuación el recopilado dado a conocer por el diario La Nación respecto a los elegidos para integrar el Gabinete de Abdo Benítez.

JUAN ERNESTO VILLAMAYOR

Fue uno de los primeros en ser confirmados para el cargo de minis­tro del Interior. Político vaquiano, imputado dos veces (con sobresei­miento). Villa­mayor, hombre de la “vieja escuela”, volvió a instalarse en la cresta de la ola gracias a la figura de Marito, a quien acompañó como apoderado desde las internas coloradas. Su nombre estuvo implicado en el vaciamiento del extinto Banco Nacional de Trabaja­dores (BNT). Además fue acu­sado, tras el marzo paraguayo, de estar involucrado en dirigir las declaraciones de Gumer­cindo Aguilar en torno a la muerte de Luis María Argaña. Fue diputado colorado arga­ñista en el período 1998-2003. Fue ministro de la Reforma, un cargo extinto, salpicado también por supuestos hechos de corrupción.

LUIS ALBERTO CASTIGLIONI

Ocupará el cargo de canci­ller nacional. Castiglioni, de profesión ingeniero civil, fue vicepresidente de la Repú­blica entre el 2003 y el 2008. Lo vincularon, sin prueba alguna, en licitaciones con el Estado junto a la empresa DC Ingeniería. En el 2007 fue precandidato a presidente de la República y perdió las elec­ciones internas de la ANR con­tra la oficialista Blanca Ove­lar en una reñida contienda. Fue señalado de “traidor” por sus propios correligionarios al mostrarse reacio al abrazo republicano y dar declaracio­nes en contra de la dupla colo­rada el mismo día de las elec­ciones.

CARLA BACIGALUPO

Estará al frente del Ministe­rio de Trabajo. Bacigalupo fue ministra de Justicia durante el gobierno de Horacio Car­tes y fue destituida del cargo por haber protegido al narco­traficante Jarvis Chimenes Pavão, recluido en Tacumbú dentro de un penthouse de lujo, y haberse negado a tras­ladarlo a la Agrupación Espe­cializada. La entonces minis­tra fue cuestionada por un amotinamiento de presos en Tacumbú, en el que un guar­diacárcel resultó con lesión en la cabeza y un incendio que se desató en la principal peni­tenciaría del país, causando seis muertos y varios heridos. Ya fuera del cargo, Carla Bacigalupo militó den­tro de la disidencia colorada y fue can­didata a diputada por Asunción por el movimiento Colorado Añe­tete en las internas.

FELIPE SALOMÓN

Será el ministro de la Juven­tud. Es hijo del político colo­rado Óscar “Cachito” Salomón y la actividad más destacada que tiene en su foja curricu­lar es ser administrador de los moteles de la familia y presidente de la Seccional 1 de San Lorenzo. “Felipito” reempla­zará a Magalí Cáceres al frente de la Secretaría de la Juven­tud, una entidad cuya misión es impulsar, generar, coordi­nar e implementar políticas públicas inclusivas dirigidas a satisfacer necesidades priori­tarias de la población joven del país. En sus primeras declara­ciones a los medios de comunicación, Salomón reivindicó el Servicio Militar Obligatorio (SMO) como una salida para los jóvenes que son adictos a las drogas y enfatizó que su mejor virtud es ser secciona­lero. Fue duramente cuestio­nado por el padre Aldo Trento, quien puso en duda su capaci­dad para el cargo por ser solo un “empresario del sexo”.

DENIS LICHI

Será el próximo ministro de Agri­cultura y Gana­dería. Lichi es un político colorado denun­ciado en el 2008, según la Con­traloría General de la Repú­blica, por un faltante de G. 500 millones cuando se desempe­ñaba como intendente de la ciudad de Arroyos y Esteros, el cargo más relevante que ocupó hasta ahora. Es con­tador de profesión, conocido como productor pecuario y su llegada al cargo tiene señales de pago de favores políticos. La Asociación de Ingenieros Agró­nomos protestó por la designación de Lichi, ya que esperaban que algún técnico del sector, sin conflicto de intereses, sea el designado para ocupar el cargo.

PATRICIA SAMUDIO

Será presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar). Un caso de conflicto de intereses y pago de favores. Según una lista publicada por el Tribu­nal Superior de Justicia Elec­toral (TSJE), Samudio fue la mayor aportante del Par­tido Colorado para las pasa­das elecciones generales. El monto donado asciende a G. 415.650.000.

Samudio, abogada de pro­fesión, proviene del sector que ahora pasará a regular. Se desempeñaba en un alto cargo dentro del emblema Puma Energy.

ARNOLDO WIENS

El ex pastor será ministro de Obras Públicas y Comunica­ciones. Wiens, en cuya hoja de vida figura que es un experto en Teología, se desempeñó como uno de los principales colaboradores y asesores de Marito durante la campaña electoral. En los últimos comi­cios resultó electo parlamen­tario del Mercosur, pero sema­nas atrás renunció antes de jurar a cambio de ocupar un puesto en el gabinete de Abdo. Fue cuestionado porque no posee experiencia en el sector.

NICANOR DUARTE FRUTOS

Fue designado para estar al frente de la Entidad Binacio­nal Yacyretá (EBY). Su nomi­nación es interpretada como un premio “consuelo” a fin de que desista de su pre­tensión de ocupar una banca en el Senado, pese a que fue votado y proclamado como sena­dor activo. El ex presidente de la República (2003-2008) estuvo envuelto en varias denuncias de corrupción. Fue investigado por supuesto enriquecimiento ilícito a partir de su meteórico ascenso econó­mico. Posee una imponente mansión en el barrio Herrera de Asunción, además de estan­cias en el Chaco. La Fiscalía lo sobreseyó. También fue seña­lado por varias investigacio­nes periodísticas por dirigir el desvío de recursos de la Itaipú Binacional de la mano del entonces director, Víctor Bernal, para financiar la cam­paña presidencial de Blanca Ovelar. La Justicia no pudo corroborar nada.

JOSÉ ALBERTO ALDERETE

Será el próximo director de la Itaipú Binacional. Estuvo como consejero del Instituto de Pre­visión Social (IPS) y fue minis­tro de Obras Públicas y Comu­nicaciones durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Lo señalan de haber operado con el ex ministro argentino de Plani­ficación Julio de Vido para diri­gir licitaciones de obras en la Entidad Binacional Yacyretá. Nunca fue procesado. También denuncias periodísticas mos­traron su meteó­rico despegue económico.

GENARO CRISTALDO

Futuro viceminis­tro de Obras. Estuvo envuelto en un escándalo financiero detectado por la Contraloría General de la República (CGR) en el manejo de unos US$ 40 millones de los fondos del Cuarto Proyecto Rural de Suministro de Agua y Sanea­miento, ejecutado por el Ser­vicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), dependiente del Ministerio de Salud.

El documento de la CGR señala que las deficiencias en la gestión de Senasa, cuyo director era el ingeniero Genaro Cristaldo, se detec­taron en la ineficacia en la planeación y programación. Además, ineficiencia en los procesos de supervisión, control y reajuste ante los defectos de la ejecución y fiscalización tercerizada de las obras. Incumplimiento del marco jurídico administra­tivo atinente al proyecto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.