El abogado de Reinaldo Cucho Cabaña, Pedro Wilson Marinoni denunció que los bienes de su cliente están siendo “rifados” por Senabico ya que la explotación de los moteles se dio a una persona con antecedentes penales, se trata de Mario Roberto Zapattini vinculado en un caso de estafa contra la ANDE por pago de facturas con cheques robados.

“Le pedimos los informes a Carolina Llanes y nos contestó en fecha 17 de mayo y nos dijo que estaba en proceso de arrendamiento esa finca y no es cierto, ya estaba en funcionamiento el motel y eso está prohibido por la ley de Senabico, no pueden alquilar a alguien con antecedentes penales”, afirmó en contacto con Radio UNO.

Señaló que los montos también son irrisorios y en el expediente consta que cada uno de los moteles producía 50 millones de guaraníes mensuales y se tenía una base de 150 millones mensuales y alquilan por 20 millones. “Están rifando los bienes que estaba administrando mi cliente antes de su detención”, afirmó.

Destacó que le extraña que Llanes insiste en que se trata de un homónimo cosa que no es tal. “Yo le conozco a Carolina, confié en principio que su intervención al frente de la Senabico sería para trasparentar y todo es más de lo mismo”, agregó.

Dentro de la quinta Nápoles denunciaron robo y rapiña de puertas, pisos y puertas y no ponen custodia.

“Cuando toma la Senabico estaban todos los muebles y accesorios, pedimos los informes de la empresa que realizó el inventario porque tenemos derechos a saber”, afirmó.

Cuestionó que el nombramiento para la administración de los bienes se hizo a dedo y todo fue entregado a gente vinculada con el gobierno actual que tiene deudas políticas con el presidente Mario Abdo.

“Esto es por pago de favores políticos dentro de la campaña y que la gente sepa, esto que le ocurre hoy a Cucho le puede ocurrir a cualquiera de cómo manejan los bienes que deberían administrar y cuando lleguemos al juicio oral y público esta cadena de custodia que la Senabico tenía que entregar cómo van a presentar si se perdió todo los elementos. Esto conlleva a la nulidad del proceso”, indicó.

Toda la pérdida y los daños causados tendrán que pagarse tarde o temprano a nivel nacional o internacional y en algún momento le darán la razón, aseguró Marinoni ya que cuenta con los instrumentos públicos en 65 tomos de la carpeta fiscal y 18 del expediente judicial.

“Desde el allanamiento escondieron evidencias, no hicieron figurar elementos probatorios en acta, robaron evidencias y en su depósito se les robó y había sido justo eran las nuestras y vamos encontrando más irregularidades”, señaló.

Dijo que Senabico fue creada para formar nuevos ricos en Paraguay porque se están administrando muchos bienes en forma discrecional.

Agregó que manejan información de que para la adjudicación de estos moteles se ofreció sumas de dinero. “Cucho me dijo que fueron 20 mil dólares para la firma de ese contrato. Estamos ante la corrupción, el vandalismo y la rapiña”, puntualizó Marinoni.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.