Resultados poco alentadores se pue­den ver en el portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). En los últimos 5 años (agosto del 2018 y agosto 2023) recibió un total de 165 denuncias sobre presuntos ilícitos ocurridos en el Ins­tituto de Previsión Social (IPS), de las cuales solo una de ellas logró cerrar y deri­var al Ministerio Público.

Las denuncias van desde casos de supuesto cobro indebido de honorarios por parte de los funciona­rios, acoso sexual, apropia­ción de los bienes públicos y estafa, etc. Del rosario de reclamos que la ciudada­nía les hizo llegar, la única investigación que fue con­cluida por parte de la Senac es el caso de una persona que refirió que una fun­cionaria del IPS le soli­citó millonarias sumas de dinero a cambio de modifi­car sus datos en el sistema informático de la previsio­nal para acelerar su jubi­lación. Por cierto, la fun­cionaria denunciada sigue formando parte del plantel del hospital.

En la web de la cuestio­nada secretaría se mues­tra que 89 de las denuncias registradas quedaron en la nada, ya que 11 de ellas fueron archivadas, otras 63 fueron remitidas a las Unidades de Transparen­cias (UTA) del propio IPS para que se evalúen a nivel interno, también al Minis­terio de Salud Pública y Bienestar Social, la Direc­ción Nacional de Contra­taciones Públicas, y otras instituciones donde fueron desestimadas; y las 10 res­tantes cayeron de entrada al ingresar a la Senac sin conocerse las razones.

Hay que recordar que, en sus tiempos de director jurídico de la institución, el exministro de la Senac, Federico Hetter, refirió que, desde la Senac, por lo general se encargan única­mente de derivar las denun­cias de presuntos hechos de corrupción a las UTA de las instituciones señala­das para que se analicen las causas, es decir, una suerte de auto investigación.

De pasamanos, práctica­mente actúa la Senac en la mayoría de los casos, excepto cuando se trataba del contrincante político como ocurrió en el gobierno de Mario Abdo, en el que Anticorrupción se prestó para varias persecucio­nes de adversario. La falta resultados ante la serie de denuncias de supuestos ilícitos en la previsional cobra mayor relevancia al considerar que la institu­ción viene siendo blanco de críticas debido a la pésima gestión del expresidente del IPS, Vicente Bataglia, que fue sacudida por los constantes reclamos de la ciudadanía sobre la falta turnos, medicamentos e insumos médicos además del pésimo estado edili­cio de la institución. Sin embargo, todo esto fue pasado por alto en la Senac.

Por su parte, la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) encontró ver­daderos pozos en el IPS durante la era Abdo, prin­cipalmente de la adminis­tración de Vicente Bataglia. En el ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del 2023 (16 meses), la CGR detectó una serie de irregularidades supuesta­mente cometidas dentro del IPS generando un desfalco de G. 1 billón.

Según refi­rió a los medios de prensa el subcontralor, Augusto Paiva, entre los indicios más relevantes del informe figura el hallazgo de bienes de la previsional, valuados en conjunto por G. 42.915 millones catalogados como “faltantes”; la falta de ges­tión para la reparación o baja de bienes por valor de G. 2.000 millones, que no se registraron documentos respaldatorios del consumo de combustible para gene­radores por G. 705 millones y que en el caso del parque automotor, concluyeron que el consumo de com­bustible superó el prome­dio por cada 100 km, por un valor de G. 947 millones. Nada de esto olió la Secre­taría Anticorrupción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.