A las 11:00 de la mañana de este martes, la Cámara de Senadores prevé una sesión extraordinaria virtual, a fin de estudiar en particular-artículo por artículo- el proyecto de ley aprobado en general el jueves, que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tractocamión y semirremolque y crea el Comité Técnico del Costo Operativo del Flete.

En su artículo cuarto como tarifa de referencia -para una unidad compuesta por un tracto camión y un semirremolque de 27.000 kilogramos de carga útil- el valor en guaraníes que resulte del estudio elaborado por el Comité Técnico del Costo Operativo del Flete, más el beneficio del 25 % sobre el costo operativo de referencia.

El proyecto dispone que el Comité Técnico se reunirá como mínimo en forma trimestral, a fin de analizar las variables que inciden en el costo de los componentes. Si fuera necesario, se reunirán de forma extraordinaria. La carta de flete será el documento de porte obligatorio en los transporte de carga y su presentación será requerida al conductor en los procesos de control; en caso de no contar con la misma, se procederá aplicar la sanción correspondiente de acuerdo a la reglamentación establecida por la Dirección Nacional de Transporte.

En los casos de demora superior a 24 horas en la entrega de la carga, por causa no imputables, camionero percibirá un resarcimiento de 10 jornales mínimos por parte del contratante del servicio por cada 24 (veinticuatro) horas de espera.

Sanciones.

a. Por la aplicación de una tarifa inferior a la establecida según los procedimientos de la presente ley: una multa equivalente a 2 (dos) veces del costo total de los fletes en que se ha verificado esta irregularidad.

b. Por la reiteración de la falta indicada en el inc. a., además de la multa, la suspensión por (1) un mes, de su habilitación para el ejercicio de sus actividades como contratista o intermediadora del servicio del transporte terrestre de carga.

c. Por prestar el servicio de transporte sin contar con sus trabajadores inscriptos y al día en el pago del seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS), la derivación de la denuncia al IPS, con un plazo de 30 (treinta) días para su regularización. En caso de reiteración, la suspensión de sus actividades hasta encontrarse al día con sus obligaciones ante el IPS.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.